Malvinas: El Gobierno fijó un plazo de 14 días a Reino Unido para suspender la exploración de hidrocarburos

El Ejecutivo nacional intimó formalmente al Gobierno del Reino Unido a impedir el inicio y la continuidad de las operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. A través de un comunicado firmado por el presidente Javier Milei y difundido por la Oficina del Presidente, la Argentina dio a las autoridades británicas un plazo de dos semanas para detener las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion. En caso de que Londres no adopte las medidas requeridas en dicho lapso, el Estado argentino recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la adopción de medidas provisionales destinadas a resguardar los derechos soberanos sobre la plataforma continental.

La postura oficial sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes constituye un accionar ilegítimo que vulnera el derecho internacional y ocasiona un perjuicio irreversible a las reivindicaciones de soberanía argentinas. Ante este escenario, la Presidencia instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para que pongan en marcha el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) con el objetivo de evitar el agravamiento de la controversia.

El posicionamiento de la Casa Rosada se fundamenta en las decisiones de la Asamblea General de la ONU sobre la disputa. En particular, el documento citó la Resolución 2065 (XX), que reconoce formalmente la existencia de un conflicto de soberanía entre ambos países e insta a buscar una solución pacífica mediante negociaciones. De igual modo, el Gobierno invocó la Resolución 31/49, la cual exhorta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se mantenga el proceso promovido por el organismo internacional.

En forma paralela, las autoridades informaron la detección de vuelos no autorizados en la ruta aérea que une las Islas Malvinas con Punta Arenas. Dichas operaciones fueron llevadas a cabo por la empresa Thales UK Limited utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido sin la correspondiente habilitación de los organismos argentinos. Frente a este hecho, se ordenó el inicio urgente de acciones penales, procedimientos sancionatorios y gestiones diplomáticas, ratificando que el país continuará empleando las vías administrativas, judiciales y diplomáticas para la defensa de sus derechos.