Proponen clausuras y multas a empresas que operen con "falsos voluntarios" de hosteles y restaurantes

Un proyecto de ordenanza ingresado en el Concejo Municipal  propone prohibir y sancionar el uso de modalidades como "voluntariado", "intercambio", "work exchange", "colaboración" o "estadía a cambio de trabajo" en comercios y establecimientos turísticos de la ciudad. La propuesta legislativa, rotulada como Proyecto N° 742/26 e impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten, fija como objetivo central la protección del empleo local registrado e impide que las empresas cubran puestos operativos habituales mediante prestaciones no remuneradas que encubran relaciones laborales.

El ámbito de aplicación abarca a todos los establecimientos comerciales, turísticos, hoteleros, gastronómicos y de servicios que requieran habilitación municipal dentro del ejido urbano de Bariloche. La norma establece la prohibición explícita de emplear personas bajo estas modalidades o publicar convocatorias para tareas esenciales o permanentes cuando impliquen la sustitución de puestos laborales. La fiscalización estará a cargo de la Dirección de Inspección General, órgano facultado para realizar controles e inspecciones, mientras que se crearán canales para recibir denuncias bajo estricta reserva de confidencialidad para proteger a los trabajadores precarizados que se encuentren prestando servicios en el lugar.

El régimen de sanciones contempla apercibimientos, multas, clausuras temporales, suspensión de la habilitación y, como medida de mayor gravedad, la baja definitiva de la habilitación comercial. La baja se aplicará ante situaciones de reincidencia, uso sistemático de falsos voluntariados, acumulación de tres sanciones firmes en un periodo de tres años, incumplimiento de suspensiones previas o la obstrucción reiterada a las inspecciones municipales.

 Además, se contemplan como agravantes la presencia simultánea de tres o más personas bajo este esquema, la exigencia de jornadas extensas, el cubrimiento de tareas esenciales del establecimiento y la difusión de convocatorias públicas.

 Una vez promulgada la norma, los establecimientos dispondrán de 30 días corridos para adecuar su situación, mientras que el Ejecutivo municipal tendrá 60 días para reglamentarla e implementar campañas de difusión sobre derechos laborales.

La iniciativa cobra impulso a partir de la repercusión pública que alcanzó una reciente convocatoria difundida por un establecimiento de alojamiento turístico de la ciudad, donde se ofrecía hospedaje a cambio de cumplir aproximadamente 25 horas semanales de tareas operativas como recepción, limpieza y cocina. Dicho suceso reavivó la preocupación a nivel local por el avance de prácticas informales que sustituyen puestos de trabajo genuinos en sectores centrales de la actividad económica municipal.

El texto aclara que la medida no pretende prohibir los programas de voluntariado genuino orientados a fines culturales, educativos, sociales o comunitarios, sino evitar la precarización laboral en explotaciones con fines de lucro. En este sentido, la iniciativa busca articular la capacidad de control municipal con las autoridades laborales provinciales y nacionales, complementando las políticas de fomento e incentivo fiscal vigentes para la contratación de trabajadores locales.