El Tribunal de Contralor advirtió irregularidades en contrataciones por $683 millones para el Polideportivo II

La construcción del Polideportivo II de Dina Huapi quedó bajo cuestionamiento luego de que el Tribunal de Contralor presentara un informe en el que advierte sobre una serie de presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas con la obra. El documento, fechado el 22 de octubre y firmado por los tres integrantes del organismo, pone el foco en operaciones que suman 683 millones de pesos y en la falta de intervención previa del órgano de control en dos de ellas.

Según el resumen del informe, durante 2025 el Poder Ejecutivo contrató a la firma BLOCAL SAS por 216 millones de pesos mediante una Compra Directa Especial, sin contar con dictamen previo del Tribunal. En mayo de 2026 se habría firmado otro contrato, por 77 millones de pesos, con la firma RLB, también sin dictamen del organismo. Finalmente, en octubre de este año el Ejecutivo solicitó autorización para contratar de manera directa a Ever Juan de los Santos López por 390 millones de pesos.

Para el Tribunal, las tres operaciones corresponden a una misma obra y podrían configurar un fraccionamiento de las contrataciones, en posible violación del artículo 120 de la Carta Orgánica Municipal.

El informe también señala que el Ejecutivo no habría presentado las actas de los llamados a licitación que quedaron desiertos ni informado el monto del límite presupuestario. A eso se suma que los presupuestos de los oferentes no contarían con las firmas correspondientes.

Las observaciones sobre los proveedores

Entre los puntos específicos referidos a la contratación de Ever Juan de los Santos López, el Tribunal observa que el presupuesto presentado contiene un ítem sin desglose y que no se habría acreditado su situación fiscal, la inscripción como empleador ni la cobertura de ART. También advierte que se habría previsto un anticipo de 15 millones de pesos sin una garantía respaldatoria.

En cuanto a BLOCAL SAS, un dictamen de la asesoría contable del Tribunal, fechado el 14 de octubre, detalla que la firma registraría su CUIT inactivo y no tendría empleados declarados. Además, indica que inició actividades en junio de 2023, pero que sus primeras dos facturas fueron emitidas recién en noviembre de 2025, ambas a la Municipalidad de Dina Huapi y por 54 millones de pesos cada una.

El análisis contable también consigna otras facturas emitidas entre diciembre de 2025 y abril de 2026, por distintos montos, y señala que ninguna de las órdenes de pago examinadas llevaría la firma del intendente.

Páez: “De comprobarse el fraccionamiento, se estaría violando la Carta Orgánica”

En diálogo con ANB, el concejal Gabriel Páez consideró que el informe expone múltiples irregularidades y cuestionó especialmente la falta de intervención del Tribunal de Contralor en el avance de las contrataciones.

“Considero que, de comprobarse un fraccionamiento de la obra, se estaría violando la Carta Orgánica. Por otro lado, que el Ejecutivo no haya presentado documentación sensible al Contralor habla de un avance en los trámites administrativos sin tener en cuenta las facultades del poder de control de la hacienda municipal”, sostuvo.

El edil también se refirió a la situación de BLOCAL SAS y consideró llamativo que la empresa haya iniciado actividades en junio de 2023 y que sus primeras dos facturas hayan sido emitidas en noviembre de 2025, ambas a nombre del Municipio.

Páez explicó que, según lo establecido en la normativa local, el Tribunal debe aprobar o rechazar las compras y contrataciones que superen el 5% del presupuesto anual. En ese sentido, sostuvo que en este caso se avanzó con dos operaciones sin el dictamen del organismo de control.

Respecto de los pasos institucionales que seguirán, el concejal informó que desde el Concejo Deliberante convocaron al Contralor a la Comisión de Gobierno, Legales, Economía y Finanzas para analizar el contenido del informe.

“El Contralor tiene el derecho y la obligación de recurrir a la Justicia, si lo considera”, agregó.

Las observaciones abren interrogantes sobre los procedimientos utilizados para contratar distintos trabajos y provisiones de una misma obra, la documentación que respaldó esas operaciones y los mecanismos de control sobre los fondos públicos. El análisis en el ámbito legislativo y las explicaciones que pueda brindar el Ejecutivo serán claves para determinar el alcance de los cuestionamientos. (ANB)