Investigan a una empleada de un hogar de Neuquén por transferir más de $3 millones de la cuenta de un joven

Una empleada de un dispositivo provincial destinado al cuidado de adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social quedó imputada en una causa por la sustracción de dinero de la cuenta bancaria de uno de los jóvenes alojados. La acusación sostiene que aprovechó el acceso que tenía a su tarjeta de débito para realizar transferencias sin autorización.

El joven había ingresado al hogar en febrero de este año. Desde entonces, la empleada tenía entre sus funciones recepcionar y resguardar las tarjetas de débito de los adolescentes internados en el dispositivo dependiente de la Provincia de Neuquén.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría utilizado sin autorización la tarjeta correspondiente al joven y realizó 18 transferencias desde su cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN). El dinero fue enviado hacia una cuenta asociada a una billetera electrónica perteneciente a la propia imputada.

En total, las operaciones cuestionadas superaron los 3 millones de pesos. La maniobra fue detectada y dio lugar a una investigación penal para determinar cómo se realizaron las transferencias y las circunstancias en las que la empleada habría utilizado los fondos del adolescente.

La acusación contra la empleada

Durante la audiencia judicial se formularon cargos contra la mujer por los delitos de defraudación especial por el uso no autorizado de una tarjeta bancaria ajena, en concurso ideal con el delito de peculado.

La acusación se vincula directamente con las funciones que desempeñaba dentro del hogar, ya que la empleada era la responsable de recibir y resguardar las tarjetas de débito de los adolescentes que permanecían alojados allí.

La investigación deberá establecer con precisión cómo se concretaron las 18 transferencias, además de reunir la documentación y los elementos necesarios para avanzar con la causa.

Cuatro meses para completar la investigación

El juez de garantías Juan Guaita tuvo por formulados los cargos contra la empleada y estableció un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía pueda culminar la investigación.

Durante ese período se deberán profundizar las medidas destinadas a determinar las circunstancias de las operaciones bancarias y el destino del dinero transferido.

Además, el magistrado dispuso una medida cautelar sobre los bienes de la imputada: ordenó la inhibición general de bienes por el plazo de seis meses.

La medida busca impedir que la mujer pueda disponer de sus bienes mientras avanza la investigación judicial y se determina su eventual responsabilidad penal.

La causa continuará ahora con las medidas de investigación correspondientes. Por el momento, la formulación de cargos implica que existe una acusación formal contra la empleada, pero no una condena.