25 años de prisión por abusos y producción de material de abuso sexual infantil en Cipolletti

Un hombre fue condenado a 25 años de prisión efectiva por una serie de graves delitos vinculados con abuso sexual, producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. La condena fue definida este lunes en Cipolletti, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad penal por los hechos investigados por la Fiscalía.

La pena se conoció durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la fiscal del caso, Rocío Guiñazú, presentó el pedido de condena, que contó con la conformidad de la defensora oficial, Silvana Ayenao. También estuvo presente la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de Alicia Merino, en representación de las víctimas.

Durante la audiencia, el acusado reconoció los cargos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. A partir del acuerdo alcanzado entre las partes y de la renuncia a los plazos para apelar, la condena quedó firme y comenzó a ejecutarse de manera inmediata.

Una investigación que permitió identificar al acusado

El caso se originó a partir de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Cipolletti que permitió reunir pruebas y avanzar en la identificación del hombre como responsable de los abusos y de la producción del material.

En julio de 2025, la Fiscalía formuló los primeros cargos en su contra y la Justicia dispuso que quedara detenido bajo prisión preventiva. La medida cautelar se extendió posteriormente, luego de que durante el avance de la investigación se detectara la existencia de nuevas víctimas.

La pesquisa incluyó distintas medidas destinadas tanto a reconstruir lo ocurrido como a determinar el alcance de los delitos investigados.

Entre las principales diligencias realizadas se encuentran las entrevistas con familiares y personas allegadas, además de las Cámaras Gesell realizadas a las víctimas identificadas. También se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos, que fueron sometidos a análisis pericial para obtener elementos vinculados con la investigación.

El trabajo de la Fiscalía también estuvo acompañado por intervenciones destinadas a brindar asistencia a las víctimas. En ese marco participaron profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y organismos de protección especializados.

Otro hombre quedó detenido por tenencia y encubrimiento

La investigación también permitió avanzar sobre una segunda persona. En abril de 2026, la Fiscalía imputó a otro hombre por los delitos de tenencia del material y encubrimiento.

En este caso, la Justicia también dispuso una medida de prisión preventiva por un año, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

De esta manera, la investigación iniciada en Cipolletti no solo permitió llegar a una condena de 25 años para el principal acusado, sino que además continúa con actuaciones vinculadas a otras personas que habrían tenido participación en los hechos investigados.

La pena se cumple de manera efectiva

El tribunal colegiado que intervino en el juicio estuvo integrado por los jueces Julio Sueldo, María Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez. Además de imponer la pena de 25 años, los magistrados establecieron que el condenado deberá afrontar los costos del proceso judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que, por las características de los delitos por los que fue condenado, existen restricciones para acceder a determinados beneficios durante la ejecución de la pena.

En particular, señalaron que el artículo 56 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad establece que las personas condenadas por determinados delitos considerados graves no pueden acceder a beneficios propios del período de prueba.

Entre ellas se encuentran las salidas transitorias, la semilibertad, la prisión discontinua, la semidetención y la libertad asistida.

Protección de las víctimas

La Fiscalía pidió mantener una absoluta reserva sobre la información relacionada con las víctimas, tanto para proteger sus derechos como para preservar las tareas de investigación que todavía puedan encontrarse en desarrollo.

En este tipo de causas, las leyes nacionales 20.056 y 26.061 prohíben difundir datos, nombres, antecedentes, fotografías o cualquier otro elemento que pueda permitir identificar, de manera directa o indirecta, a los niños, niñas y adolescentes involucrados.

Por ese motivo, la información difundida oficialmente sobre la causa evita cualquier dato que pueda llevar a reconocer a las víctimas.

La condena de 25 años representa, así, el cierre de una parte central de una investigación que demandó más de un año de trabajo y que incluyó testimonios, entrevistas especializadas, Cámaras Gesell, peritajes tecnológicos y medidas de protección para las víctimas. Al mismo tiempo, la causa mantiene abierta otra línea judicial a partir de la imputación realizada contra un segundo hombre por tenencia del material y encubrimiento.