Odarda denunció al juez que homologó el acuerdo por Lago Escondido y cuestionó el cierre de la causa

La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Edgardo Walter Lara Correa por su actuación en la causa vinculada con las autorizaciones que permitieron a Hidden Lake S.A. adquirir miles de hectáreas en el entorno del Lago Escondido.

La presentación cuestiona particularmente la decisión del magistrado de homologar, el 28 de enero de 2026 y durante la feria judicial, un acuerdo entre el Estado nacional y la empresa que puso fin a la acción de lesividad iniciada por el propio Estado para obtener la nulidad de esas autorizaciones.

La denuncia de Odarda se conoce en un contexto en el que el conflicto volvió a quedar en el centro de la agenda judicial. El Gobierno nacional volvió a impulsar una acción de lesividad para buscar la nulidad de las autorizaciones vinculadas con la adquisición de las tierras, reabriendo el debate sobre la legalidad de los actos administrativos que habían sido cuestionados originalmente.

La situación genera un particular contraste con lo ocurrido a comienzos de año. En enero, el juez Lara Correa homologó el acuerdo alcanzado entre el Estado nacional y Hidden Lake S.A., con lo que quedó cerrado el proceso iniciado por el propio Estado para revisar la validez de las autorizaciones. Ahora, meses después, la administración nacional vuelve a avanzar judicialmente sobre esos mismos actos administrativos.

El planteo contra el juez

Según sostuvo Odarda, el Ministerio del Interior había considerado previamente que los actos administrativos cuestionados resultaban lesivos al interés general y que estaban afectados por vicios que podían determinar su nulidad.

La legisladora cuestionó que, luego del cambio de Gobierno, esa acción haya sido abandonada y que posteriormente el juez haya homologado el acuerdo que puso fin al expediente.

“Estamos hablando de una causa en la que el propio Estado había reconocido que existían irregularidades y había recurrido a la Justicia para que se investigaran. Sin embargo, después del cambio de Gobierno, esa acción fue abandonada y el juez decidió homologar el acuerdo y cerrar el proceso”, sostuvo.

La denuncia también pone el foco en las circunstancias en las que se produjo la homologación. Odarda cuestionó que la feria judicial haya sido habilitada a pedido de Hidden Lake S.A., bajo argumentos vinculados con obras de infraestructura y la provisión de energía eléctrica en la zona.

Para la legisladora, se utilizó como fundamento de urgencia una situación que, según planteó, lleva alrededor de 15 años sin una solución definitiva.

Otro de los puntos señalados es la restricción de acceso al expediente. Odarda sostuvo que una causa de interés público, relacionada con miles de hectáreas y con el acceso al Lago Escondido, no debería tramitar con un nivel de reserva que impida conocer sus actuaciones.

Una disputa que lleva décadas

El conflicto alrededor de Lago Escondido tiene además otro capítulo judicial todavía pendiente. La discusión por el acceso público al lago lleva más de veinte años y continúa en distintas instancias judiciales, incluida una causa que permanece pendiente ante la Corte Suprema.

Las tierras alcanzadas por la acción de lesividad superan las 12.000 hectáreas y rodean el Lago Escondido, propiedad vinculada a Hidden Lake S.A.

Para Odarda, el cierre del expediente mediante la homologación del acuerdo dejó consolidada la situación jurídica de la empresa sobre ese territorio. En ese sentido, cuestionó que el Estado haya abandonado el reclamo que había iniciado para revisar la legalidad de las autorizaciones.

“Con esta decisión se termina de entregar jurídicamente el Lago Escondido a Lewis”, afirmó la legisladora.

Qué deberá analizar el Consejo de la Magistratura

Odarda aclaró que su presentación no pretende que el Consejo de la Magistratura revise el contenido de una resolución judicial, sino que investigue la conducta funcional del magistrado y las circunstancias que rodearon la homologación.

Entre los aspectos que pidió analizar figuran la habilitación de la feria judicial, la restricción del acceso al expediente, el control ejercido por el juez sobre el acuerdo entre el Estado y Hidden Lake y la eventual consideración de los derechos e intereses de terceros.

Finalmente, solicitó que se determine si la actuación de Lara Correa podría configurar una falta disciplinaria o, por su gravedad, constituir eventualmente un supuesto de mal desempeño en sus funciones.

Mientras tanto, la nueva acción impulsada por el Estado nacional vuelve a poner bajo discusión la legalidad de las autorizaciones que permitieron la adquisición de las tierras y agrega un nuevo capítulo a una disputa que atraviesa distintas administraciones y lleva años de litigios judiciales.  (ANB)