El Concejo Deliberante de Viedma se prepara para la renovación de la Defensoría del Pueblo

El Concejo Deliberante de Viedma deberá comenzar próximamente con las gestiones para renovar la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo municipal, debido a que el mandato del actual titular, Marín Pérez Morando, finalizará el próximo 25 de octubre. Pérez Morando había asumido su cargo en la misma fecha del año 2022, tras suceder a Nora Cader, la primera persona en ocupar dicha función desde la creación del organismo.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal Nº 7835, el mandato tiene una duración de cuatro años y se prohíbe explícitamente la reelección consecutiva, lo que obliga a la selección de una nueva figura para encabezar la institución en el próximo ciclo.

A pesar de que faltan poco más de dos meses para el cese de funciones de la autoridad actual, los antecedentes legislativos sugieren que el procedimiento de selección es complejo y demanda tiempo, por lo que se espera que el cuerpo legislativo establezca pronto el cronograma y la convocatoria pública correspondiente.

En el proceso previo de 2022, la Comisión de Labor Parlamentaria inició las actuaciones a fines de julio, permitiendo el desarrollo de diversas etapas que incluyen la inscripción de postulantes y la verificación de requisitos. Cada aspirante debe presentar sus antecedentes, documentación y una propuesta de trabajo específica para la Defensoría, la cual es sometida a un período de publicación y eventuales impugnaciones antes de la instancia de evaluación y exposición ante los concejales.

La designación final del Defensor del Pueblo es una atribución del Concejo Deliberante a propuesta de la Comisión de Labor Parlamentaria, y debe resolverse obligatoriamente en una sesión especial convocada para tal fin. Durante el proceso, se consideran los méritos, condiciones morales e idoneidad de los candidatos, requiriéndose para la elección el voto nominal de los dos tercios de la totalidad del cuerpo, sin posibilidad de abstenciones. En caso de no alcanzarse dicha mayoría especial, la normativa vigente contempla una instancia de definición entre las dos personas más votadas.

La activación temprana de este mecanismo institucional resulta determinante para garantizar la continuidad del organismo y evitar demoras en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la administración municipal.