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Se quitó la tobillera electrónica y estuvo un mes prófuga: la Fiscalía pidió su prisión preventiva

La mujer estaba imputada por agredir a una vecina con un ladrillazo y amenazarla con incendiar su casa. Fue capturada este martes en la vía pública y el juez ordenó su detención en una cárcel.
14/07/2026 17:49 Hs.
La mujer permanecía prófuga desde junio. Foto: Ministerio Público Fiscal.
La mujer permanecía prófuga desde junio. Foto: Ministerio Público Fiscal.

Una mujer que permanecía prófuga desde junio, luego de quitarse el dispositivo de rastreo satelital que controlaba sus movimientos, fue detenida este martes por personal de la Policía de Río Negro en plena vía pública. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva y el juez de Garantías Guillermo Martín González Sacco hizo lugar al pedido, ordenando su ingreso a un establecimiento carcelario por el plazo de un mes.

La imputada se encontraba bajo investigación desde mayo por un episodio de violencia vecinal. Según la acusación, había agredido a una vecina con un ladrillazo y la amenazó con incendiar su vivienda. En esa oportunidad, la fiscalía le formuló cargos por lesiones leves y amenazas, y se dispuso una investigación de cuatro meses. Como medida de control, se le impuso el uso obligatorio de una tobillera georreferencial con GPS, bajo apercibimiento de revocar el beneficio si incumplía.

Sin embargo, entre el 12 de junio y el 14 de julio, la acusada se quitó el dispositivo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) y se dio a la fuga. Durante un mes, su paradero fue desconocido, hasta que este martes los efectivos policiales lograron identificarla y capturarla en la calle. Al momento del arresto, la mujer ya no contaba con el rastreador.

En la audiencia, la fiscal Mariana Giammona argumentó que la conducta de la imputada evidenció su falta de voluntad para cumplir con las obligaciones judiciales. La fuga y el desprendimiento del dispositivo constituyen, según la fiscal, una desobediencia directa que justifica la revocación de la medida cautelar morigerada.

La defensora oficial María Paz Álvarez no cuestionó la necesidad de modificar la medida, pero solicitó que se le otorgue una prisión domiciliaria, argumentando la falta de cupo en los complejos penales de la provincia. Sin embargo, el juez González Sacco rechazó el pedido y ordenó la prisión preventiva en un establecimiento carcelario.

El magistrado consideró que la mujer no reúne las condiciones para cumplir una modalidad domiciliaria, dado que ya había vulnerado previamente la confianza de la justicia al fugarse y deshacerse del dispositivo de control. "La imputada demostró que no está dispuesta a someterse a las reglas del proceso", señaló el juez en su resolución.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la acusada permanece detenida a disposición de la justicia.