Ovejas, caballos y lana fueron parte de un reclamo que no prosperó por falta de pruebas

Un rodeo que nadie pudo acreditar como propio. Un poder que autorizaba a administrar, pero no a vender. Un recibo cuya firma nunca llegó a verificarse. Y una pericia caligráfica que, pese a haber sido ofrecida por las dos partes, jamás se realizó. Esos fueron algunos de los elementos de un conflicto familiar por la propiedad de ganado que atravesó una causa penal, desembocó en un juicio civil y terminó con un fallo que rechazó una demanda por daños y perjuicios por falta de pruebas.

La sentencia civil  analizó una disputa que se originó alrededor de un campo de la Región Sur rionegrina. El demandante reclamó una indemnización por la desaparición de animales: vacas, ovejas, caballos, además de cientos de kilos de lana. Sostuvo que el antiguo propietario del establecimiento le había vendido parte del rodeo, le había permitido utilizar las marcas y señales del ganado y le había otorgado un poder para administrar los animales.

Según el planteo judicial, en el campo permanecían 97 ovejas madres, 51 corderas, 20 corderos, animales vacunos y equinos, además de 388 kilos de lana correspondientes a la zafra de 2015. El hombre aseguró que durante años estuvo a cargo del manejo del rodeo y que incluso contaba con documentación que respaldaba esa situación.

El conflicto tomó otro rumbo cuando una integrante de la familia del productor cuestionó esa versión y presentó una denuncia penal. Como consecuencia de esa investigación, el Poder Judicial ordenó el secuestro de los animales y de la lana mientras avanzaba la pesquisa para determinar quién tenía derechos sobre el ganado.

La causa penal se extendió durante casi dos años y concluyó sin condenas. El expediente terminó con un sobreseimiento porque el juez entendió que el conflicto no era de naturaleza penal sino civil. Sin embargo, esa decisión no resolvió el problema de fondo: quién era el verdadero propietario de los animales.

El demandante sostuvo que, una vez finalizada la investigación, intentó recuperar el rodeo, pero le indicaron que debía iniciar el reclamo por la vía correspondiente. Afirmó que regresó al campo y allí le informaron que los animales habían sido vendidos junto con sus crías. También aseguró que había desaparecido la lana. Sobre esa base promovió una demanda por daños y perjuicios y reclamó una indemnización por el valor del ganado y por el crecimiento que el rodeo habría tenido durante el tiempo que duró el proceso judicial.

La respuesta de la demandada fue completamente distinta. Negó que el demandante hubiera adquirido los animales y sostuvo que el antiguo propietario ya había distribuido los derechos sobre los campos y el ganado dentro del ámbito familiar. También cuestionó la validez de toda la documentación presentada para demostrar la supuesta compraventa y afirmó que el poder invocado nunca autorizó a disponer de los bienes.

Al momento de revisar el expediente, el juez encontró problemas en prácticamente todas las pruebas incorporadas al proceso. El primer documento analizado fue el poder otorgado por el antiguo productor. La sentencia explicó que ese instrumento solo confería facultades de administración y que en ningún apartado habilitaba al hombre a vender animales, transferirlos o incorporarlos a su patrimonio. Para el magistrado, ese documento no acreditaba la propiedad del rodeo.

La cesión de derechos presentada por la demandada tampoco resolvió la controversia. El fallo señaló que se trataba de una copia simple, sin fecha cierta, sin certificación y sin firmas que permitieran verificar su autenticidad. En consecuencia, ese instrumento tampoco resultó suficiente para definir quién tenía razón.

La prueba que podía modificar el resultado era otra. El demandante presentó un recibo con el que intentó demostrar que el antiguo propietario le había vendido los animales. La demandada desconoció la firma y ambas partes solicitaron una pericia caligráfica para determinar si ese documento era auténtico. Sin embargo, esa medida nunca fue impulsada durante el juicio.

El magistrado recordó que la carga de probar la existencia de la compraventa recaía sobre quien afirmaba haber adquirido el ganado. Sin una pericia que confirmara la autenticidad del recibo, ese documento perdió valor como prueba y el expediente quedó sin un elemento objetivo que permitiera acreditar el traspaso de la propiedad.

Los testimonios tampoco modificaron ese escenario. Según el fallo, los testigos ofrecidos por cada parte respaldaron la versión de quien los había propuesto, pero ninguno aportó elementos suficientes para demostrar una operación de compraventa.

El juez concluyó que no existía evidencia para sostener que los animales hubieran salido del patrimonio del antiguo productor e ingresado legalmente al del demandante. Por eso rechazó íntegramente la demanda por daños y perjuicios. La sentencia todavía no quedó firme porque puede ser apelada.