Función pública: 6 cesantías y 33 suspensiones de estatales rionegrinos

El Gobierno de Río Negro dispuso nuevas sanciones contra agentes del Estado provincial tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina: 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos se suman a un proceso disciplinario que, desde el inicio de la gestión en enero de 2024, acumula más de 1.200 expedientes resueltos.

El balance total arroja 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones, junto con 91 sobreseimientos y el archivo de 245 causas en las que no se comprobaron faltas.

Las cesantías más recientes responden, en su mayoría, al abandono de servicio: agentes que dejaron sus puestos de manera prolongada, sin aviso y sin responder a las intimaciones del Estado. Pero las sanciones van más allá de las inasistencias. Entre los casos más resonantes figura el de un empleado de un hospital público encargado de entregar turnos para tomografías, cuyas ausencias injustificadas impedían a los pacientes acceder a estudios de alta complejidad. También se aplicó la cesantía a un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando personas internadas sin atención.

Las suspensiones sin goce de haberes incluyeron conductas consideradas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar en una manifestación, presentarse a trabajar en estado de ebriedad o acosar a una compañera de trabajo. El régimen disciplinario vigente es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto habilita la cesantía.

El proceso, según el Ejecutivo provincial, es riguroso y garantista. Las sanciones son el resultado de sumarios llevados adelante por instructores especializados, que reúnen pruebas y aseguran el derecho a defensa de los imputados. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN.

"Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos", afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.