Imputaron a un funcionario municipal por agresiones

César Catrigual Guerrero fue imputado por haber provocado lesiones leves a un vecino que se manifestaba en el inicio de sesiones legislativas, el pasado 2 de marzo. Además de las agresiones, endilgaron incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que trabaja en la Municipalidad de Bariloche. 

El hecho ocurrió hace más de un mes y hubo dos audiencias de formulación de cargos suspendidas, hasta que finalmente hoy se imputó al hombre que protagonizó el violento hecho en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante. 

El 2 de marzo, mientras se realizaba el acto público y el intendente brindaba su discurso, hubo vecinas y vecinos que se manifestaron en el gimnasio para reclamar por distintas problemáticas de la ciudad. Uno de ellos fue Emiliano Hernández, quien resultó víctima de las agresiones.

Emiliano Hernández fue agredido en un acto público. Foto: Marcelo Martínez.

De acuerdo a lo relatado por el fiscal Guillermo Lista, “Catrigual Guerrero, quien es empleado municipal y ha sido designado por ordenanza como colaborador directo del intendente, se dirigió al fondo del gimnasio donde se hallaba Emiliano Hernández con protesta pacífica y le propinó un golpe de puño en el rostro”. 

Además, de acuerdo a lo relatado por la Fiscalía, con las agresiones, también le produjo lesiones leves a una mujer que se encontraba en el lugar, intentando evitar que Hernández sea agredido.

La situación tomó trascendencia pública de inmediato, ya que allí había medios de comunicación y organizaciones realizando transmisiones en vivo. Hernández radicó posteriormente la denuncia penal y la agresión llegó ante la justicia este lunes, con la formulación de cargos. 

Horacio Brucellaria, abogado defensor de Catrigual Guerrero, indicó que no se opondrían a la formulación de cargos, aunque remarcó que el hecho tiene una “intencionalidad política”; y en este sentido, señaló que “la Justicia no puede ser manipulada para obtener beneficios políticos”.

Sobre la investigación, que tendrá un plazo de cuatro meses, Brucellaria manifestó que “vamos a trabajar en busca de una salida consensuada que nos permita pacificar el conflicto”. 

El hombre acusado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima. Foto: Marcelo Martínez.

El abogado querellante, Martín Govetto, coincidió en lo relatado por el fiscal, aunque remarcó que Catrigual Guerrero “no es empleado municipal, sino que es un funcionario”, lo que agravaría más el cuadro de violencia.  "Esto tiene connotación política; Emiliano estaba en un acto público manifestándose y quien lo agredió es colaborador del intendente. Por supuesto que tiene un trasfondo político. No es que coincidieron dos  personas, Catrigual estaba cumpliendo funciones”, destacó.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, solicitaron medidas cautelares que desataron una discusión con el abogado defensor. El fiscal solicitó una restricción de 200 metros de acercamiento a la víctima, así como la prohibición de contacto y agresiones de cualquier tipo, por el tiempo que dure la investigación.

A esto, Govetto le agregó otro pedido: que Catrigual Guerrero no acuda a ningún acto o evento público en el que pudiera estar Hernández, quien es parte de un grupo de vecinos autoconvocados que suelen manifestarse públicamente sobre diversos temas. 

La audiencia estuvo presidida por el juez Víctor Gangarrosa. Foto: Marcelo Martínez.

Este punto generó controversia, ya que el abogado defensor consideró que eso significaría obstaculizar el trabajo del imputado, ya que se desempeña en el ámbito municipal y es imposible evitar actos o eventos. “Hay una parte de la historia que no contaron. La provocación previa no lo dijeron”, remarcó.

Finalmente, el juez Víctor Gangarrosa imputó a Catrigual Guerrero por lesiones leves e incumplimiento de deberes de funcionario público e hizo lugar a dos de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y la querella: el imputado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima, ni agredirlo física o verbalmente mientras dure la investigación, pero coincidió con el abogado defensor, en que prohibir que concurra a los actos públicos sería impedir su trabajo. (ANB)