La Justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar la ley de financiamiento universitario

La Justicia federal y otro revés para el Gobierno de Milei en materia educativa. La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y confirmó la medida cautelar que lo obliga a cumplir de inmediato con la Ley 27.795 de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán calificaron los argumentos del Estado como "poco serios" y subrayaron que la educación superior pública es un derecho central garantizado por la Constitución Nacional.

La norma en cuestión establece, entre sus puntos centrales, la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, ocurrida en septiembre de 2025. También contempla la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles, un ítem que afecta directamente a miles de jóvenes en todo el país.

El conflicto se originó cuando el Ejecutivo emitió el Decreto 759/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley y condicionó su implementación a la identificación previa de recursos específicos para financiarla. Fue entonces cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a otras entidades del sistema universitario y con el respaldo de más de 40 casas de estudio, presentó una acción de amparo. En diciembre del año pasado, el juez federal Enrique Cormick hizo lugar al pedido y dictó la cautelar, al considerar que el decreto presidencial exhibía rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" y que existía una violación clara de un deber jurídico concreto.

El Gobierno apeló esa decisión argumentando que la medida equivalía a una sentencia definitiva encubierta, pero el tribunal de alzada desestimó ese planteo. Más aún, los magistrados destacaron que el impacto fiscal de cumplir con la cautelar es acotado y no compromete sustancialmente el interés público, lo que debilita aún más la postura oficial. 

El fallo consideró que la cuestión presupuestaria corresponde al Congreso y no al Poder Judicial, además de advertir sobre un posible impacto en el equilibrio fiscal, argumento que fue desestimado por la Cámara.

En este escenario, el Gobierno buscará evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como la conflictividad en las calles, tratando de elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, obteniendo consenso en el Congreso. (ANB)