Más de 27.000 inscriptos para la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares

Más de 27.000 ciudadanos se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas por el Congreso Nacional en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, una cifra que no tiene antecedentes en procesos parlamentarios de esta naturaleza y que ha puesto en jaque el cronograma oficial.

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales habían planificado dos jornadas de debate, una presencial para el miércoles 25 y otra virtual para el jueves 26. Sin embargo, la magnitud de la respuesta ciudadana forzó a las autoridades a replantear por completo los mecanismos organizativos. El oficialismo evalúa extender el cronograma y adaptar el formato de las audiencias para garantizar la participación efectiva de quienes manifestaron su interés en intervenir.

En el centro del conflicto está la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, restringiendo todo tipo de actividad humana en esas zonas. El proyecto de reforma que hoy debate el Congreso busca modificar esos límites y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias, en particular la minería, en áreas que hasta ahora cuentan con resguardo legal.

La respuesta social supera las expectativas de quienes impulsaron el proyecto. La inscripción masiva no solo refleja el interés de organizaciones ambientales y comunidades indígenas históricamente involucradas en la defensa del agua, sino también de sectores académicos, municipios de regiones cordilleranas y ciudadanos en defensa de los glaciares como una fuente irreemplazable de recursos hídricos.

El escenario complica al gobierno en su intento de avanzar con una reforma que favorece intereses del sector minero y que forma parte de una agenda más amplia de desregulación productiva. Las dilaciones impuestas por la logística parlamentaria podrían retrasar la sanción de la ley y dar tiempo a la oposición para articular una estrategia de bloqueo o modificación sustancial del texto. Mientras tanto, los actores políticos ajustan posiciones a la espera de que se redefinan los tiempos y condiciones del debate. (ANB)