Legisladores piden implementar el sistema de prevención de estafas telefónicas y digitales en Río Negro

El bloque de CC ARI Cambiemos presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura de Río Negro para solicitar al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Seguridad y Justicia que adopten las medidas necesarias para implementar la Ley Nº 5749, que crea el Sistema de Concientización y Prevención de Estafas Telefónicas y Digitales en la provincia.

La iniciativa busca que se desarrollen campañas de sensibilización y prevención dirigidas a la comunidad, además de promover acciones conjuntas con el sistema educativo y la firma de convenios de colaboración con empresas de telefonía, proveedores de servicios de internet, entidades financieras y medios de comunicación.

Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron sobre el crecimiento de las estafas telefónicas y digitales en los últimos años. Entre las modalidades más frecuentes mencionaron fraudes a través de aplicaciones de mensajería, suplantación de identidad y engaños mediante redes sociales o distintas plataformas digitales.

“Estos delitos afectan especialmente a sectores vulnerables de la población, ocasionando graves perjuicios económicos y emocionales”, señalaron desde el bloque.

La Ley Nº 5749 fue impulsada por la bancada y aprobada por unanimidad en la Legislatura durante 2024. El objetivo de la normativa es informar y educar a la comunidad sobre las distintas modalidades de fraude, así como brindar herramientas concretas para prevenir este tipo de delitos.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, destacó la importancia de avanzar con su implementación. “Estas herramientas resultan fundamentales para fortalecer las políticas públicas de prevención del delito y de educación digital, especialmente en un contexto donde las modalidades de fraude evolucionan con rapidez y aprovechan la falta de información de los usuarios”, expresó.

En ese sentido, desde el espacio legislativo consideraron necesario que el Poder Ejecutivo avance en la puesta en marcha de los mecanismos previstos en la ley, promoviendo campañas sostenidas en el tiempo y articulando acciones con los distintos actores involucrados.

“La prevención, la educación digital y la información oportuna constituyen herramientas clave para reducir el impacto de este tipo de delitos y proteger a la ciudadanía frente a nuevas modalidades de fraude”, concluyeron. (ANB)