Ordenan embargo de un vehículo por una deuda alimentaria de más de 7 millones de pesos

Una jueza de Familia de Bariloche ordenó el embargo preventivo de un automóvil y la apertura de una cuenta judicial con el fin de garantizar el cobro de una deuda por alimentos que supera los siete millones de pesos.

Esta decisión se tomó luego de constatar que el deudor no cumplió con una sentencia previa que había establecido las cuotas correspondientes, lo que derivó en una liquidación de cuotas impagas y el inicio de la etapa de ejecución por un monto total de 7,2 millones de pesos, al que se le suma un 45% adicional previsto para intereses y costas.

La resolución judicial recae específicamente sobre un vehículo Volkswagen CrossFox, modelo 2009, registrado a nombre del deudor. Tras la notificación, se otorgó un plazo de cinco días para que el demandado realice el pago de forma voluntaria o presente las defensas procesales que la ley permite; en caso de no hacerlo, el proceso de ejecución continuará de forma efectiva hasta cubrir la totalidad de la suma adeudada. Este procedimiento pone de manifiesto la facultad de las magistradas y magistrados del fuero de Familia para ejecutar sus propias sentencias cuando el obligado incumple con sus deberes.

El sistema legal actual permite el uso de herramientas ágiles, como las sentencias monitorias y el dictado de medidas cautelares sobre bienes registrables, cuentas bancarias o ingresos, para reducir los plazos procesales cuando la deuda ya ha sido determinada. En el ámbito del derecho de familia, el crédito alimentario tiene una prioridad absoluta debido a su relación directa con la subsistencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Por este motivo, la justicia cuenta con diversos mecanismos para forzar el cumplimiento, que van desde retenciones directas de haberes e inhibiciones de bienes hasta la inscripción en registros de deudores alimentarios y sanciones conminatorias.

La activación de estas medidas de embargo y ejecución suele darse cuando el incumplimiento se prolonga en el tiempo y la deuda alcanza una magnitud considerable. El objetivo primordial de la intervención judicial en estos casos es evitar que el monto adeudado siga incrementándose y, fundamentalmente, garantizar el interés superior del niño, asegurando que reciban los recursos necesarios para su bienestar en tiempo y forma. (ANB)