El Observatorio de Violencia Laboral se declara "incompetente" ante la denuncia contra la fiscal jefe

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche vive una profunda crisis institucional tras las graves denuncias presentadas contra la fiscal jefe Betiana Cendón por violencia laboral. Más de seis trabajadores judiciales, incluyendo fiscales adjuntos, fiscales titulares, un jefe de oficina y una defensora oficial, acusaron a la funcionaria de ejercer un "patrón sistemático de violencia laboral" basado en humillaciones públicas, comentarios discriminatorios y hostigamiento constante.

Sin embargo, en una decisión que los denunciantes consideran un "doble gesto de violencia institucional", el Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial se declaró incompetente para intervenir en el caso. El organismo argumentó que existe incompatibilidad de partes, ya que tanto denunciantes como denunciados pertenecen al mismo sistema judicial, derivando la responsabilidad exclusivamente al Consejo de la Magistratura.

"Esta semana estamos buscando apoyo institucional, con el lema de tolerancia cero hacia la violencia laboral, esto no se puede perder de vista", explicó Carla Orticelli, abogada patrocinante de los denunciantes, quien calificó la negativa del Observatorio como una nueva forma de victimización.

Las denuncias, que datan desde 2019, describen actitudes de abuso de poder y violencia reiterada que han generado un impacto devastador en la salud mental de los trabajadores. Según Orticelli, gran parte de los denunciantes se encuentran actualmente con licencia psiquiátrica:

"La fiscalía del Dr. Soto quedó desarticulada tras su renuncia. El último funcionario de jerarquía que quedaba, Germán Torres, presentó su licencia psiquiátrica, al igual que el fiscal adjunto, Cristian Barría y otra empleada de jerarquía. El daño en la salud de estos funcionarios fue de alto impacto".

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A pesar de la gravedad de las acusaciones, Cendón aún no ha sido notificada formalmente de la acción judicial, ya que el Consejo de la Magistratura no ha instruido el sumario correspondiente. Esta situación ha intensificado el clima laboral hostil, según la defensa, quien advierte sobre la presión ejercida sobre los testigos que continúan trabajando bajo la órbita de la fiscal jefe.

"El temor siempre estuvo en la presión hacia los testigos que siguen trabajando en el mismo edificio, bajo la órbita de la doctora Cendón. A una de las testigos le dijo que la había traicionado. Ha generado un clima laboral insostenible", denunció Orticelli, quien considera que la única medida efectiva sería la suspensión preventiva de la funcionaria.

El Colegio de Magistrados y Profesionales de Río Negro respaldó públicamente a los trabajadores denunciantes, mientras que el Procurador General Jorge Crespo tomó la medida de separar a los afectados y colocarlos bajo la órbita del fiscal Martín Lozada, mientras la investigación continúan su curso.

La querella ha iniciado diálogos con diversas instituciones, incluyendo el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, en busca de apoyo formal ante lo que consideran una situación de desprotección institucional que pone en riesgo tanto la integridad de los trabajadores como el funcionamiento de la justicia en la región.