Condenan a una agente policial por vejaciones contra una interna

En el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la fiscalía, la querella y la defensa particular, se condenó a una agente policial por el delito de vejaciones cometido en febrero de 2023 en la Comisaría N°12 de El Bolsón.

De acuerdo a la acusación, una empleada policial obligó a una mujer detenida a realizar prácticas vejatorias, además de proferir amenazas.

En ese aspecto, el fiscal explicó que el acuerdo se sustentó en la evidencia reunida durante la investigación, que incluye el testimonio de la víctima y de otra mujer detenida dicha madrugada, declaraciones de familiares y personal policial de la comisaría, informes médicos y psicológicos que acreditaron el daño ocasionado. Se agregó documentación interna y contravencional que registró la presencia y funciones de la imputada en el momento de los hechos.

Asimismo, la víctima prestó su consentimiento para esta vía de resolución, y la propuesta quedó sujeta a homologación por parte del magistrado interviniente.

La mujer, asumió su responsabilidad en la comisión del hecho antes mencionado, acordó además con la calificación pretendida y con la realización de este acuerdo; al momento de ser consultada por el Juez de Juicio. Previo a ello, hizo uso de la palabra.

Considerando la situación, el Magistrado aceptó el acuerdo celebrado por las partes, homologó el mismo y declaró penalmente responsable a la acusada por los hechos previamente narrados y que constituyen el delito de vejaciones, de acuerdo al artículo 144 bis, inciso tercero del Código Penal.

Por consiguiente, fue condenada luego a dos años de prisión de ejecución condicional con pautas de conducta, además de cuatro años de inhabilitación especial para ejercer funciones vinculadas a la custodia de personas privadas de la libertad.

Entre las pautas de conducta que incluyen la prohibición de portar armas y de realizar tareas de prevención con contacto ciudadano, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, obligación de presentarse periódicamente ante el IAPL y la asistencia obligatoria a un curso de derechos humanos. El magistrado aclaró que la definición de otras tareas administrativas quedará a cargo de la institución policial.

La resolución quedó firme tras la renuncia de las partes a los plazos procesales.