Avanza un decreto para reestructurar el Estado

El Gobierno nacional se prepara para firmar, en los próximos días, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que eliminaría organismos clave del transporte, la seguridad vial y la infraestructura pública.

La medida, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, busca “achicar el Estado y mejorar la eficiencia” y se enmarca en la estrategia de reformas estructurales que lleva adelante la gestión de Javier Milei.

Según trascendió, el DNU contempla la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito. Estas funciones serían reasignadas o absorbidas por otras áreas estatales.

Entre los principales cambios que se plantean, se encuentra el traspaso del control del tránsito a la Gendarmería Nacional, que también se haría cargo de los pasos fronterizos y las zonas de control integrado. A su vez, el Ministerio de Economía pasaría a manejar las obras viales, así como los activos que hoy están bajo la órbita de Vialidad Nacional.

A pesar del fuerte recorte institucional, se anunció que los más de 5.000 trabajadores de Vialidad mantendrán sus puestos de forma temporal, hasta tanto se defina una nueva reestructuración.

Además, se creará una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que supervisará contratos y cobrará tasas, y se redefinirá el rol de la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a abocarse exclusivamente a siniestros aeronáuticos civiles.

Desde el oficialismo aseguran que la medida permitirá reducir costos, eliminar superposiciones y agilizar la administración pública. Sin embargo, la decisión genera una creciente preocupación en sectores gremiales, técnicos y gobiernos provinciales, que denuncian falta de consulta formal y alertan sobre el impacto que estas modificaciones pueden tener en materia de seguridad vial, control del transporte y mantenimiento de rutas en todo el país.

Este decreto sería firmado antes del 8 de julio, cuando vencen ciertas facultades legislativas especiales. Mientras tanto, sindicatos y trabajadores estatales preparan reclamos y posibles medidas de fuerza para frenar lo que consideran una desarticulación peligrosa del Estado nacional en áreas clave para el funcionamiento del país. (ANB)