Caso Rafael Nahuel: Ratifican la condena a los cinco miembros del Grupo Albatros

Esta semana, la Justicia Federal dictó sentencia definitiva en la causa contra cinco miembros de la Agrupación Albatros de Prefectura Naval Argentina por la muerte de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que “los uniformados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa” contra el joven mapuche de 22 años, que fue asesinado de un disparo por la espalda en la zona de Villa Mascardi.

La Cámara de Casación también ordenó al tribunal de origen fijar las penas correspondientes para los cinco prefectos condenados Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, quienes fueron además inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Si bien todos recibieron la pena máxima prevista para este tipo de delito, ninguna de las condenas superó los 5 años y 8 meses de prisión, ya que ese es el límite contemplado cuando se trata del delito en cuestión. 

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que es querellante en la causa, y también ha acompañado en todo momento a los padres de Rafael Nahuel, apreciaron el fallo condenatorio de la Cámara Federal por desmentir las afirmaciones que al momento de los hechos formularan Patricia Bullrich y Mauricio Macri para “encubrir y justificar la brutal acción represiva” del grupo Albatros, que le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña, y que estableció “inequívocamente” el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich.

A su vez, remarcaron que la sentencia no alcanzó a las autoridades políticas que estuvieron involucradas en el hecho con final trágico. “Tal es el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales, sino también quien las ordena”, esgrimieron desde la APDH.

El crimen de Rafael Nahuel sucedió en medio de un descomunal operativo de desalojo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de la ciudad. Aquel 25 de noviembre, hace casi 8 años, con la orden del juez federal Gustavo Villanueva, más de 200 efectivos federales de distintas fuerzas, con tanquetas y un helicóptero, reprimieron y detuvieron a integrantes de la comunidad, en el marco de una causa iniciada por la Dirección de Parques Nacionales por usurpación. Durante las diversas instancias del juicio, el prefecto Sergio Cavia fue identificado como el autor del disparo que le quitó la vida a Rafael Nahuel.