Organizaciones sociales cuestionaron la implementación de la tarjeta alimentaria

Hace 30 días, el Gobierno de Río Negro anunció una politica de asistencia alimentaria  directa, con la distribución de tarjetas para la compra de productos a partir de julio. La decisión se tomó en respuesta del reclamo que llevaron adelante las organizaciones sociales de la provincia por la falta de recursos para sostener el funcionamiento de comedores y merenderos.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena informó que la tarjeta alimentaria tendrá un valor variable, que podría llegar a los 35.000 pesos, pero que para el mes de julio se depositará en las cuentas $25.000 pesos por beneficiario.

ANB dialogó con Juan Fernández, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de la provincia, quién criticó al Gobierno por no cumplir con lo acordado en la anterior reunión que tuvieron. “Algo que se acordó en la última reunión con la Provincia fue que iban a realizar un registro sobre la cantidad de espacios sociocomunitarios, la cantidad de porciones, los horarios de trabajo y las necesidades de los comedores. Eso era importante para desmentir esa idea que circula de que los comedores no existen, pero quedó en la nada, en ninguna localidad de Río Negro se hizo el registro”.

“Asimismo, la gente del Ministerio se iba a acercar a los comedores para registrar a las personas que necesiten una tarjeta alimentaria, pero tampoco pasó. Es preocupante, pero es parte de la política de desconocer el trabajo de las organizaciones”.

Fernández analizó el alcance que podría llegar a tener la tarjeta alimentaria. “Se comprometieron a dar precisiones sobre la partida presupuestaria de alimentos correspondiente a los comedores de la provincia, pero tampoco cumplieron. En cuanto a la tarjeta alimentaria, estamos de acuerdo que tiene que ser el Estado el que garantice la alimentación de las familias, pero que hasta que esa política pública tenga efecto, la demanda en los comedores seguirá en crecimiento. Deberán evaluar luego el impacto que tendrán sus medidas”.

“Por un lado nos piden que desde las organizaciones le llevemos el listado de la gente que necesita ayuda alimentaria directa, pero por el otro no nos dan precisiones sobre los alcances de este beneficio: si tiene incompatibilidades, si es universal, si no deben contar con ingresos formales temporales, si hay un número límite de miembros de la familia. Es una política poco clara” agregó.

Desde la UTEP aseguran que el Gobierno tuvo que brindar una política de asistencia alimentaria gracias a la lucha que llevaron adelante. “El Gobierno tuvo que salir a responder nuestras demandas, a pesar de que nos quieren borrar del territorio. El rol que cumplimos las organizaciones no depende de la capacidad de gestión que tengamos con el Gobierno, sino que se atiende una necesidad concreta, y mientras eso exista la gente se va a terminar organizando y reclamando al Estado".

“Es lamentable que reconocen que hay una falencia, una necesidad alimentaria y el Gobierno responsabiliza a los docentes por hacer un paro, cuando es sabido que el inicio de las clases se demoraron porque en muchas localidades faltaban alimentos para los comedores escolares” dijo.

Por último, el militante de la UTEP cuestionó la efectividad de una política de asistencia directa. “El Gobierno nos dice que van a otorgar el mismo valor del módulo alimentario a través de la tarjeta. Y el problema con eso, es que una persona en situación de calle,  que no tiene ninguna fuente de ingreso recibe el mismo beneficio que otra con una situación diferente, que quizás pueda complementar esos alimentos con alguna proteína, vegetal o huevos. Entonces, nosotros con el comedor conseguimos, a través de las colectas, los fondos municipales o compra directa, compartir las raciones de comida con carne o vegetales, complementando así la alimentación de la gente. Los comedores existen porque hay demanda, no porque a nosotros nos gusta generarlos” finalizó Fernández.