Gravedad
Realizaron una denuncia penal por la construcción ilegal en el Mallín del kilómetro 12
Vecinos informaron sobre la colocación de una casa container en una zona ambientalmente frágil. El Secretario de Ambiente presentó la denuncia, alegando posibles delitos de usurpación y daño.

Días atrás, la Municipalidad de Bariloche fue alertada por vecinos sobre la presunta construcción ilegal de una casa container en el área protegida del Mallín del Km 12, en la calle Avutarda al 300 del barrio Pájaro Azul. Las autoridades tomaron acción luego de recibir denuncias que apuntaban al apeo ilegal de especies nativas, remoción de suelo y edificación sin el debido permiso en una zona considerada de especial protección ambiental.
Claudio Otano, Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, presentó una denuncia formal donde se solicita investigar la posible comisión de delitos de usurpación y daño, así como cualquier otro delito que surja de las investigaciones. La misma se enfoca en los hechos relacionados con la colocación de una casa container en el área mencionada, resguardada por su fragilidad ambiental.
Según la denuncia, tras recibir información de los residentes y grupos civiles, se llevaron a cabo inspecciones que confirmaron la ejecución de plateas y la instalación de containers con aparente destino habitacional, sin contar con la autorización correspondiente de la municipalidad. Este accionar se estaría desarrollando en una zona de mallín, reconocida por sus características ambientales que benefician la preservación de recursos comunes como el agua, el suelo, la flora y la fauna del entorno.
En documentos oficiales presentados se detallan inspecciones realizadas en la propiedad, donde se constataron trabajos de construcción sin permisos adecuados, incluyendo bases de fundación para un container y estructuras de madera, en distintos lotes de la zona. Las acciones de inspección también revelaron que los titulares registrales mencionados se encuentran fallecidos y poseían múltiples propiedades.
En vista de la gravedad de la situación, Otano solicitó medidas cautelares, incluyendo la prohibición de innovar en los inmuebles identificados y el secuestro de herramientas y maquinarias utilizadas para la construcción, con el objetivo de preservar el área afectada.
Asimismo, el funcionario solicitó ser constituido como querellante de las actuaciones, conforme al Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro. Se ofreció como prueba documental una serie de actas y se proporcionaron testimonios de autoridades relevantes, como Eduardo Santana, Jefe del Departamento de Inspección de la Dirección de Obras Particulares, y Ernesto Lynch, Presidente de la Junta Vecinal Nahuel Malal.
La petición final incluye el pedido de que se considere la denuncia penal, se actúe sobre los puntos planteados y se proceda con la investigación y, en su caso, la imputación de los responsables involucrados en estas acciones ilegales que afectan el entorno ambiental protegido del área en cuestión. (ANB)