Siguen las denuncias por estafas inmobiliarias: ahora, suman hechos con viviendas del IPPV

Por Claudia Olate

Las estafas inmobiliarias que se conocieron tiempo atrás, sumaron un nuevo capítulo con la formulación de cargos a otras dos personas que operaban con Norberto Gutiérrez, imputado en junio por hechos similares por cifras que ascendían a los 50 millones de pesos.

Este jueves, fueron imputados Ezequiel Cid, Claudio Seguel y ampliaron los cargos contra Gutiérrez. Además de la estafa con terrenos que tenían propietarios, el Ministerio Público Fiscal logró reunir 14 denuncias de víctimas de estafas con viviendas del IPPV.

El fiscal Tomás Soto fue el encargado de enumerar los hechos que involucraban incluso, a un cuarto sujeto pero que por intereses contrapuestos con la defensora oficial que le habían asignado no pudo estar presente aunque le formularán cargos en otra audiencia.

El fiscal enumeró en primer lugar, todas las denuncias por venta de terrenos que no pertenecían a los sujetos que se presentaban como vendedores. Según relató, el primer hecho involucra a Seguel y Gutiérrez, y habría ocurrido en enero de 2021 cuando engañaron a una mujer. Luego de mantener conversaciones con la víctima, le ofrecieron un terreno en el barrio Entre Cerros  con la promesa de que podía escriturar a futuro. Según indicó Soto, “el primer pago lo realizó en enero, en el que abonó 500 mil pesos en efectivo”.

En otro de los hechos, Cid y Gutiérrez “realizaron varias operaciones de venta sabiendo que el terreno no les pertenecía”. En este episodio, la denunciante fue una mujer, quien era la verdadera titular del lote a través de la inmobiliaria que posee.

“Raúl Cid le vende a un hombre un lote ubicado en el barrio Entre Cerros. La víctima abonó 500 mil pesos. Entregó dos vehículos, un Subaru y un Renault y aproximadamente 15 mil dólares”, relató Soto. En todas las operaciones, Gutiérrez se presentaba como gestor para escriturar los lotes o realizar los trámites pertinentes.

El fiscal Tomás Soto aseguró que hay más víctimas del grupo de estafas. Foto: Marcelo Martínez.

Tiempo después, la dueña de la inmobiliaria realizó una denuncia por usurpación del lote y en marzo de 2022, la persona que había sido estafada con la compra, tuvo que desocuparlo. Inmediatamente, los imputados volvieron a estafar con este mismo terreno y se lo vendieron a otra persona.

Soto explicó que, luego de los allanamientos realizados meses atrás en el lugar donde vivía Gutiérrez, encontraron una valija con papeles donde “tenía un informe de dominio del lote en cuestión, por lo que no podía desconocer que le pertenecía a la sociedad inmobiliaria”.

Fue con este terreno con el que además, una de las víctimas fue amenazada de muerte por Cid, para que se retire del terreno. De las intervenciones telefónicas que realizaron como parte de la investigación, el fiscal destacó un mensaje enviado por el imputado que decía: “Si te vuelvo a ver en el terreno te voy a sacar a balazos, hijo de puta”.

En diciembre de 2021, otro hombre fue víctima de la agrupación estafadora. En esta ocasión, Gutiérrez le ofreció un terreno en el barrio Reina Mora por el cual acordaron el pago de 3 millones de pesos. El hombre le entregó al mismo Gutiérrez el dinero y recibió a cambio, documentación que resultó ser falsa. El terreno pertenecía a Los lagos de Bariloche, inmobiliaria de María Laura Fenoglio.

En mayo de 2021, una mujer cayó víctima de las mentiras inmobiliarias de los imputados. Tras entregar 15 mil dólares por un lote en el barrio El Frutillar, recibió recibos de pago y el boleto de compra venta, pero luego, apareció el verdadero dueño. La mujer solicitó un informe de dominio catastral con los datos que le dio Gutiérrez, pero se anotició de que era todo falso.

Soto les atributó “falsificación de dos instrumentos públicos”, ya que además de tener dos escrituras apócrifas, falsificaron la firma de un escribano de apellido Santander que luego radicó una denuncia por este delito.

Pero las estafas de este grupo de hombres no quedó allí, si no que además, fueron acusados por la “venta de viviendas o planes futuros de casas a entregar”, del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). En este caso, Soto destacó que se trató de una “puesta en escena en la que Gutiérrez logró engañar a sus víctimas,  que no podría haber llevado a cabo sin la participación de Cid y Seguel”

Haciéndose pasar por gestor del IPPV, lograron convencer y estafar al menos, a 14 personas aunque el Ministerio Público Fiscal adelantó que seguramente aparecerán más víctimas y se ampliará la formulación de cargos.

Los imputados se negaron a declarar. Foto: Marcelo Martínez.

A sus víctimas, les decían que se trataba de “un remanente de viviendas” a las que podían acceder a través de la entrega de una suma determinada de dinero. Tras la primera entrega, accedían a una carpeta de adjuficación y luego, restaba esperar la entrega de la casa, cosa que nunca sucedió. Además, “con el objetivo de reforzar el engaño se les indicó que serían contactados con representante del IPPV que les pedirían sus datos personales”. Este contacto telefónico, lograron determinar en la investigación, estaba a cargo de una persona con antecedentes penales e incluso, algunos de los llamados los realizó estando preso.

En el allanamiento en la vivienda de Gutiérrez, se encontró un cuaderno con la leyenda de lo que tenía que decir esta persona, indicó Soto y agregó que se requería información personal similar a lo que pide el IPPV.

“Tenemos a la fecha 14 víctimas que efectuaron denuncias por estos hechos. Restan algunas víctimas que no han comparecido”, remarcó el fiscal. En todos los casos, las personas entregaron dinero o vehículos.

Uno a uno, las 14 estafas con supuestas viviendas del IPPV

La primera y segunda víctima de los hechos que relató la fiscalía, fueron dos hombres, padre e hijo entre sí.

La tercera víctima que cayó en las mentiras del IPPV, entregó dinero y a los 15 días, Cid le dio una carpeta con documentación falsa. Soto sostuvo que una copia del acta, estaba en la valija encontrada en la vivienda de Gutiérrez, por lo que acusó por falsificación de instrumento público y estafa, a Gutiérrez y a Ezequiel Cid por estafa.

En marzo de 2022, una mujer y un hombre cayeron en la estafa tras entregar 300 mil pesos con el compromiso de entregar 2 millones de pesos más cuando recibieran la vivienda. A través de la misma maniobra, Gutiérrez entregó un acta de tenencia precaria falsa.

En 2020, un hombre le entregó 200 mil pesos más un vehículo Fiat Palio 2014. El 27 de agosto fue citado a la escribanía de Costa Brutten donde entregaron 400 mil y firmaron un formulario 08 por el auto. Allí mismo también se firmó el acta de tenencia precaria del IPPV. “El 28 de agosto (Cid) le exigió la suma de 30 mil pesos por la limpieza que tuvo que hacerle al vehículo bajo la amenaza de que si no, los daban de baja de la vivienda”, relató el fiscal. La víctima, entregó la suma tres días después.

En mayo de 2020, dos personas entregaron 150 mil pesos más un vehículo Gol Trend junto al formulario 08 con la promesa de que ese mismo año le entregarían la vivienda.  

En julio de 2020, otras personas fueron estafadas con la supuesta entrega de una vivienda del IPPV. Como en todas las ocasiones, Gutiérrez se presentó como gestor asegurándoles que podían entrar a un plan de 120 viviendas. Las víctimas entregaron 1300 dólares. En la escribanía antes mencionada, entregaron también un Renault Clío 2007 con un formulario 08.

El juez Sergio Pichetto consideró que los hechos estaban "acreditados". Foto: Marcelo Martínez.

En el invierno de 2020 un hombre se contactó con los estafadores para comprar dos casas, una para cada uno de sus hijos. Para esto, entregó 400 mil pesos en efectivo y una semana después entregó un Chevrolet Corsa modelo 2009 y un cuatriciclo. Las casas, obviamente, nunca exisiteron.

Entre marzo y abril de este año, otro hombre cayó en la misma maniobra ya indicada para la cual pagó 300 mil pesos contra la entrega de un recibo. Luego, realizó otra entrega de 700 mil pesos con el compromiso de abonar 1 millón de pesos.

También en este año, otra persona creyó poder acceder a una vivienda y entregó un Chevrolet Corsa con formulario 08 para ser transferido más 10 mil pesos en efectivo.

Otro hombre, en marzo de este año, pagó 1 millón de pesos en varios pagos a Seguel  quien se encargaba del cobro mientras que  Gutiérrez era presentado como el gestor.

Una mujer que también trató con Seguel para acceder a una vivienda, le dio 1 millón de pesos como entrega inicial para reservar la casa más un Chevrolet Corsa 2013. El vehículo se lo quedó Seguel y luego se lo dio a su hermano. Finalmente, el rodado fue secuestrado en el allanamiento en el marco de la investigación.

En el invierno de 2020, en plena pandemia, un hombre se contactó con los estafadores y entregó un Ford fiesta Kinetic que equivalía al monto de venta. Una semana después fue citado en la escribanía de Costa Brutten para firmar el formulario 08. Luego, tendría que aguardar la supuesta adjudicación.

Por último, otra pareja cayó en la estafa, aunque en este hecho solo está involucrado Gutiérrez, quien ofreció a las víctimas una promesa de vivienda. Se presentó como gestor y le entregaron 100 mil pesos contra recibo y recibieron una carpeta con acta de tenencia precaria. Además, entregaron una camioneta Chevrolet S10.

Cuando llegó el turno de la defensa, ninguno de los acusados quiso declarar. El abogado defensor de Gutiérrez, Alejandro Pschunder, no presentó objeciones a la formulación de cargos contra su defendido.

Horacio Brucellaria, defensor de Claudio Seguel, indicó que “trabajamos en una teoría del caso diferente y durante el tiempo de investigación trataremos de buscar una salida consensuada con el Ministerio Público Fiscal”. Además, solicitó extender el tiempo de investigación luego de que el fiscal considerara que con el plazo otorgado en la formulación de cargos de Gutiérrez, en junio, bastaba.

El abogado de Ezequiel Cid, Pablo Calello,  no presentó objeciones respecto a la formulación de cargos y a los hechos aunque también adelantó que “la defensa maneja otra teoría del caso. Y también pedimos 4 meses de investigación”

Finalmente, el juez Sergio Pichetto consideró que los hechos por los que se acusaba a los hombres estaban acreditados. “Voy a tener por formulado los cargos en todos los casos y entiendo que les asiste razón a los defensores ya que llegan con imputados que no estaban hasta hoy en la causa. Por otro lado, la causa lo amerita porque incluso el fiscal dijo que podría ampliar cargos”, consideró.

Además, hizo lugar a la petición del fiscal de prohibir el acercamiento de los imputados a las víctimas y remarcó que en caso de no cumplirlo, incurrirían también en el delito de desobediencia de una orden judicial. (ANB)