Legislador rionegrino denunció a la jueza que otorgó las tierras a la comunidad Millalonco Ranquehue

La jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad Mapuche, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” y sigue siendo blanco de duras críticas de parte de distintos sectores: “Ya demostró de qué lado está”.

Silvina Domínguez dispuso en febrero pasado la entrega gratuita de la titularidad de las tierras a favor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad Millalonco Ranquehue.

Desde entonces su fallo fue cuestionado con dureza por distintas voces del arco político opositor aunque ahora, además de las críticas, un legislador rionegrino, Juan Martín, denunció el accionar de la magistrada ante el Consejo de la Magistratura.

El parlamentario provincial, referente de Juntos por el Cambio, aseguró que “vemos un mal desempeño del trabajo de la jueza, que podemos fundamentar a partir de una serie de consideraciones jurídicas” y sentenció que “no hay fundamentos en su sentencia”.

Desde agosto de 2021, Domínguez subroga el juzgado federal de Bariloche, es decir, lo preside de manera interina hasta que el Consejo de la Magistratura defina quién ocupará ese lugar, aunque el proceso tiene un avance cansino. Desde 2014 ese juzgado – que debe tomar resoluciones en temas sensibles como las usurpaciones de Villa Mascardi- funciona con interinatos y subrogancias.

Para Martín, la sentencia de Domínguez “no está bien fundada” e incluso “ignora otros antecedentes jurídicos a reclamos similares, como el de la comunidad Tripay Antu”. Esa comunidad originaria demanda 170 hectáreas y generó un interesante antecedente, jurisprudencia que no fue tenida en cuenta por la jueza Domínguez al emitir su fallo. Como sucedió con Millalonco Ranquehue, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), le reconoció a Tripay Antú la propiedad usurpada, hizo la mensura y ordenó la entrega del título de las tierras.

En la denuncia, asegura que la Jueza no contempló los elementos probatorios suficientes lo que “violenta el derecho de defensa de las demandadas” y que podría haber extendido la etapa de investigación debido a que “no hay apuro, ya que la comunidad reside en el territorio y no se demostró en ningún momento la inminencia de su desalojo siquiera”.

Para Martín, Domínguez no abordó la temática con la “seriedad que reviste su cargo”. “En pocos días resolvió una problemática que, a decir del INAI, data de hace más de 50 años”, criticó el legislador, y agregó que “lo hizo con una sentencia de apenas 14 páginas, aunque las dos últimas se refieren a los honorarios de los abogados que intervienen en la causa” dijo.

Según su criterio, la sentencia terminó siendo “arbitraria, infundada, de crítico valor a nivel institucional, social, político, económico, que expolia al Estado Nacional y a privados de su patrimonio, que atenta contra la soberanía estatal, y de manera contraria a derecho al no fundar debidamente su sentencia”. (Fuente: Infobae)