Viviendas sociales: Kopprio y Azócar fueron condenados por estafa

Este miércoles tuvo un punto final el juicio por estafa contra Juan Kopprio y Juan Norberto Azócar, quienes fueron condenados por 294 hechos de estafa realizados a vecinos y vecinas que se sumaron a un plan de viviendas sociales del sindicato UPCN.

El acuerdo llegado entre las partes y que fue ratificado por el Tribunal de Juicio fue de una condena de 3 años de prisión condicional para Kopprio y 6 meses para Azócar, quienes la semana pasada aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.

Cabe recordar que esta causa deviene del sistema procesal anterior donde se los acusó de la comisión de 294 hechos cometidos en un período comprendido entre el mes de agosto del año 2009 y el día 16 de mayo de 2012. En dichas circunstancias ambos acusados conformaron una sociedad de responsabilidad limitada, mediante la cual captaron a distintas personas para el ofrecimiento de venta de un terreno y la construcción de una casa en un predio.

Todo ello mediante un sistema de adelanto de gastos administrativos y una serie de pagos en cuotas por medio de lo cual todas las víctimas quedarían adheridas a dicho consorcio. Dicha sociedad se habría comprometido respecto de cada uno de los que abonaron las cuotas, a construir sobre el terreno una vivienda social.

Para eso le entregaron a cada una de las víctimas un plano y un bosquejo de dicha vivienda. Firmaron además un acta pre-acuerdo que el imputado firmó en representación de la entidad.

Los denunciantes, tiempo después, realizaron gestiones que les permitió conocer que el terreno no existía y que tampoco se había realizado ninguna acción para adquirirlo o destinarlo a construir las casas, y que el dinero depositado en las cuentas correspondientes a la caja de ahorro en pesos Banco Nación, correspondía a uno de los imputados.

El abogado querellante, Alejandro Bianco Dubini, explicó que “el delito de estafa previsto en el Código Penal que tiene un mínimo de 1 mes y un máximo de 6 años de prisión. Si bien uno puede pretender la máxima pena, frente a una causa como esta que viene llevando 10 años y la situación de propagación del covid-19 cuando esta programado que todo sea de forma presencial con más de 300 testigos que pasen a atestiguar, se iba a seguir extendiendo en el tiempo y todo ello para desembocar a una probable sentencia”. Agregó que “más allá de las opciones de una pena mayor, esto da la posibilidad de dar por terminado el asunto con plenitud de todos los hechos imputados con condena. Además, refuerza las expectativas de las víctimas de algún tipo de recupero desde lo económico, con una sentencia condenatoria firme, que le da un elemento de certeza al reclamo civil y monetario de indemnización que están llevando adelante la gran mayoría de los damnificados”. (ANB)