Alquileres: qué pasará con las familias en situación de desalojo

Con un ruidazo en distintas ciudades del país, la Red de Asociaciones de Inquilinos, salió a las calles a advertir qué pasará con del sector si no se prorroga el DNU 320/20 cuya vigencia se prevé hasta 31 de marzo.

Por su parte, el Gobierno nacional determinó una serie de medidas  puntuales para evitar un posible perjuicio contra aquellos que se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó inicialmente al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando sucesivamente.

En el marco de la pandemia del coronavirus, el Gobierno decidió el 29 de marzo de 2020 la suspensión de “la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con contratos de locación destinados, entre otros usos, a vivienda única urbana o rural o en el caso de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares”.

Asimismo, estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento hubiera operado desde el 20 de marzo de ese año, así como el congelamiento de precios de alquileres y la obligatoriedad de la etapa prejudicial de mediación en los procesos de ejecución y desalojos.

Por otra parte, a través de esta misma iniciativa se había decidido destinar parte de las “viviendas construidas con aportes del Estado Nacional” a grupos familiares que estén alquilando y “se encuentren en riesgo de ser desalojados”.

En ese contexto, a mediados de junio pasado el Congreso sancionó la nueva Ley de Alquileres que, entre otros puntos, estableció “que en los casos de ejecución el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria es optativo para el reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía”. Posteriormente, se decidió terminar con el congelamiento de los contratos.

Con este escenario, el Gobierno ordenó este viernes elaborar y aprobar un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales”, con el objetivo de obtener información sobre las personas que incumplieron contratos de locación y podrían ser echadas de sus casas próximamente.

Mediante la Resolución 88/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se convoca al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a otros organismos nacionales y provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación “con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto No 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones”.

Asimismo, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, la cual depende de la cartera que dirige Ferraresi, “se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública en el marco de la presente resolución”.

A tal efecto –continúa la normativa –  se dará prioridad a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.