"La mitad de las familias no puede pagar, con sus salarios, los precios de los alquileres actuales"

La Mesa Nacional de Inquilinos salió a responder a las inmobiliarias luego de que se conociera la propuesta de la "Tarjeta Alquilar", una herramienta para que el Estado subsidie la deuda que mantienen los que alquilan.

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) propuso la creación de una "tarjeta alquilar", para subsidiar a los inquilinos que se hayan endeudado en el pago de alquileres a raíz de la pandemia de coronavirus.

La entidad propuso que, en lugar de una nueva prórroga del congelamiento de alquileres, que vence el próximo 31 de marzo, "los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una 'tarjeta AlquilAR'”.

Sin embargo, desde la organización de Inquilinos, apuntaron que las inmobiliarias "mienten frente a la opinión pública" y sólo defienden "sus negocios millonarios": "No nos sorprende que estén en contra del Decreto 66/2021, porque estuvieron en contra durante toda la cuarentena, y hasta lo boicotearon prolijamente, toda vez que no informaron la existencia del mismo, intentaron hacer firmar contratos con aumentos (para los contratos extendidos), cobraron intereses por deudas (que estaban suspendidas), y presionaban a los inquilinos/as con deudas a desalojar. Todo en el marco de la pandemia", expresaron desde un comunicado oficial.

Ante el pedido por parte del mercado inmobiliario de que el Estado se haga cargo de las deudas, la Mesa de Inquilinos respondió: "El problema es mucho más profundo. El problema es la inequidad en la distribución de la vivienda, en la inequidad en la distribución de la tierra, en la inequidad de posibilidades para el acceso a la vivienda digna".

Y agregó: "Hace tiempo venimos proponiendo una política de desendeudamiento para el sector. No es algo nuevo. Tal vez ahora ustedes se dieron cuenta que es la única forma en que van a poder cobrar las deudas de cientos de miles de familias que han pedido su trabajo, o tienen menos ingresos producto del impacto económico de la Pandemia".

Por otro lado, los representantes de los locatarios desmintieron la afirmación de que un 90% paga el alquiler y aseguraron que "es un dato falso para decir, no hace falta la continuidad del decreto, porque no son tantas personas". A lo cual, añadieron: "Hoy la mitad de las familias no puede pagar con sus salarios los precios de los alquileres actuales, los cuales han aumentado entre un 45% a un 120% en distintos puntos del país. La única razón por la cual siguen en las viviendas, es por la existencia del Decreto por el que peleamos las organizaciones de inquilinos, porque sería imposible dejar esas viviendas para irse a otras que ustedes han aumentado de manera sideral".

En este marco, desde la Mesa de Inquilinos han propuesto lo siguiente:

1- Extensión del Decreto 66/2021 hasta en tanto y en cuento se recupere la situación económica de los inquilinos/as.

2- Realizar una política de desendeudamiento para todos los inquilinos en 24 cuotas, toda vez que se le garantice el precio del contrato anterior y la continuidad en la vivienda a cada inquilino/a.

3- Escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas: comenzar por los que menos viviendas tengan en alquiler, y que las grandes corporaciones absorban condonen parte de las mismas. Es decir, que realicen una quita.

4- Congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como lo realizó Francia, Alemania, parte de España, Inglaterra, Holanda y varios países de Centroamérica. Esta medida cuida el bolsillo de los inquilinos/as (que hoy destinan un 53% de sus ingresos sólo al pago del alquiler), y frena la inflación futura.

5 - Reglamentar el Programa Nacional de Alquiler Social para atender el problema de los inquilinos/as en forma urgente.

6- - Incorporar el valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC.

7- Que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad.

8- Tarifa de servicios públicos para inquilinos/as. 

9- Control del Estado sobre la vivienda ociosa. (ANB)