Toma frente a Diarco: Imputaron a 9 personas y dispusieron el desalojo

En una audiencia llevada a cabo hoy, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a nueve  personas por el delito de usurpación; en este caso por diversos lotes ubicados en ladera Norte en Ex Ruta Nacional 258, (en un sector ubicado en manzana 287 casi frente a Diarco y Unidad 42) de esta ciudad.

Ante el Juez de Garantías interviniente, se describió que el día 2 de septiembre de 2020 a las 13:00 horas, los imputados en grupo, ingresaron al lote con la evidente finalidad de introducirse al inmueble a resguardo de ser descubiertos por sus cuidadores y/o personal policial que lo proteja. Invadieron luego el inmueble, los delimitaron con cables y alambres, comenzaron a prender fuego los pastizales con el fin de limpiar el lugar; lo cual se llevó a cabo por varios días. Finalmente colocaron carteles con las inscripciones de cada familia y señalando que los mismos se encuentran ocupados.

Con este accionar, los imputados habrían despojado del derecho real de posesión a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Negándose luego a irse del lugar y es allí donde también se materializa el acto violento de los imputados que no les dejaron opción a los poseedores ni a la Policía de Río Negro para evitar que éste acto se lleve a cabo.

El desalojo fue solicitado por la fiscalía, para lograr hacer cesar el delito y evitar la consolidación de la ocupación ilegal.

Las personas hoy imputadas fueron asistidas por una defensora oficial penal quien rechazó los cargos considerando que no hubo despojo del derecho del municipio y el terreno estaba baldío sin delimitar ni cercado. Tampoco hubo ni violencia ni clandestinidad, tal como lo exige el código, agregó. Se opuso también a la medida cautelar de desalojo, dado que no están dadas las condiciones para llevarlo a cabo.

El Juez de Garantías dio por formulados los cargos por el delito de usurpación por despojo, en calidad de coautores de acuerdo a lo normado en los artículos 45 y 181 inciso 1 del Código Penal. Entendiendo, entre otros argumentos; que no existió el abandono del bien, dado que existe un proyecto de urbanización en el lugar; demostrando la voluntad de poseer el bien, habilitó la investigación del hecho.

Otorgó el plazo de 4 meses para realizar la investigación preliminar y mencionó a las partes la posibilidad de que este plazo pueda arribarse a una solución del conflicto de acuerdo a lo normado en el código procesal de la provincia. En referencia a la medida cautelar de desalojo inmediato, requerida por la fiscalía por el peligro en la demora y que la situación presente se consolide; el magistrado hizo lugar a la misma.

Y dispuso finalmente, un plazo de diez días, para que el desalojo se lleve a cabo voluntariamente con intervención de organismos del estado. (Fuente: Ministerio Público Fiscal)