¿Qué programas de asistencia económica lanzó el Estado durante los cuatro meses de cuarentena?

Cuatro meses ya pasaron desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir el avance del Covid-19, esta enfermedad que se señala originaria de Huam (China) y que puso al mundo en pandemia.

Desde el inicio de la cuarentena, la economía empezó a temblar y se derrumbó, ya que la paralización generalizada detuvo los ingresos y obligó al cierre de casi la totalidad de las actividades para la contención sanitaria.

Avanzadas las semanas, la población se fue acostumbrando a nuevos términos y costumbres: distanciamiento, asilamiento, fases, etapas, cubrebocas, contactos estrechos, repatriados. Vocablos cada vez más comunes en esta “nueva normalidad”. Y así también, la preocupación de empresas y trabajadores creció al no encontrar un horizonte en la salida económica.

Es así que, en este contexto, los gobiernos nacional y provincial han tomado una serie de medidas para cuidar el ingreso de las familias, proteger la producción y el empleo, y garantizar el abastecimiento.

Entre los primeros anuncios, desde Nación y Anses lanzaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de $10.000 que cobraron en dos oportunidades trabajadores informales, monotributistas sociales y de categorías A y B, personal doméstico y beneficiarios de AUH-AUE o Progresar. En total, 9 millones de personas.

Por otro lado, a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), las empresas, monotributistas y autónomos afectados pudieron acceder a diversos planes, entre ellos, la asignación compensatoria al salario, para la que el Estado se hace cargo del pago del 50% del salario de los trabajadores. También se sumaron la postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales; los créditos a tasa cero de hasta $150.000; y la extensión del seguro de desempleo.

Entre otras medidas, para alivio del bolsillo de los ciudadanos, se prestó el congelamiento del precio de los alquileres; y, además, se suspendieron temporalmente los cortes por falta de pago de los servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable.

Por otro lado, el Gobierno provincial también arrojó un salvavidas para las pyme y trabajadores de esta jurisdicción. Es así que, en abril, Arabela Carreras anunció la creación de un fondo especial de $100 millones de créditos a tasa cero destinado a las pequeñas y medianas empresas rionegrinas. Al mismo, se inscribieron más de 700 emprendedores que recibieron hasta un máximo de $200 mil cada uno.

También, a fines de abril el Consejo Federal de Inversiones (CFI) puso en marcha, junto a la Provincia, créditos para asistir a Mi Pymes en el marco de la emergencia y el programa de reactivación productiva. Y en un mes, se recibieron solicitudes por $35 millones.

Otra operatoria, en conjunto con el Banco Patagonia, puso a disposición la suma de $1.700 millones en créditos para acompañar a las pymes de la Provincia durante la emergencia sanitaria. El dinero fue destinado a financiar capital de trabajo, en especial pago de sueldos, pago a proveedores, reposición de mercadería y también, acompañar a los prestadores de salud con servicios de internación a una tasa del 24%.

En cuanto a la ayuda financiera hacia los gobiernos locales, Río Negro adhirió al Convenio “Programa para la Emergencia Financiera Provincial”, que contempla una asistencia de Nación a través de un crédito por $2.900 millones. De esta manera, destinó un 10% de ese monto ($290 millones) para distribuir entre municipio y comisiones de fomento con el objetivo de atender desequilibrios originados por la baja de la recaudación y asegurar la prestación de servicios ante la pandemia por Covid-19.

En este mismo escenario, el Gobierno nacional envió a Río Negro $499 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por la emergencia por Covid-19. Este fondo, según había confirmado la gobernadora Carreras, ha sido coparticipable en un 10% para los municipios, por lo cual recibieron un total de casi $50 millones distribuidos de acuerdo al índice habitual.

Asimismo, en auxilio de los Municipios, el Poder Ejecutivo de Río Negro elevó a la Legislatura un Proyecto de Ley para prorrogar el vencimiento de las cuotas de los convenios rubricados en el marco del Plan Castello. Y, finalmente, se confirmaron beneficios impositivos alcanzan a 83.000 contribuyentes rionegrinos.

Ya con la temporada invernal encima, y con un sector turístico, gastronómico y hotelero en llamas, sin poder encender el principal motor de sus economías, Carreras decretó la emergencia para el turismo y comercio con nuevos créditos blandos para el sector.

De este modo, se anunciaron dos herramientas claves para acompañar la emergencia: primero, que el Ministerio de Economía y a la Agencia de Recaudación Tributaria dicten las medidas necesarias para acompañar a los sectores más afectados, bajo la condición que no haya despidos, ni suspensiones sin justa causa o atribuibles a la crisis durante la emergencia. Por otro lado, el Gobierno de Río Negro puso a disposición un fondo de $150 millones para créditos especiales destinados a atender las necesidades de las empresas turísticas.

Si bien, las ayudas que dispuso el Estado para mitigar el impacto económico de la cuarentena tratan de generalizar su alcance, muchos trabajadores y empresas se encontraron con la negativa de acceder a los créditos por no cumplimentar los requisitos o por fallas en el sistema.

El listado continúa, junto a medidas impositivas, fiscales y comerciales, pero ¿son suficientes estas ayudas? Claramente no. Cada sector manifiesta la necesidad de una reactivación urgente u otras respuestas que alcancen a todos los trabajadores. Los despidos son miles, la crisis llega a cientos de negocios y el horizonte, después de más de 120 días de sostener, no es claro. (ANB)