La Defensoría solicitará que se retrotraiga la quita del subsidio al transporte

En el marco de la audiencia pública que se desarrolló en la sala de prensa de la Municipalidad, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, se pronunció en relación al aumento de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

Allí destacó las acciones a realizar desde la Defensoría, entre las que se destacan la solicitud al Estado Nacional que se retrotraiga en la quita del subsidio al transporte público en esta ciudad.

"San Carlos de Bariloche es una ciudad con particularidades complejas, que dan cuenta de la excepcionalidad del tratamiento: particularidades en la topografía de la ciudad, la amplia extensión del ejido municipal, la densidad de población, el trazado de los recorridos que debe llevarse, la hostilidad del clima, las temperaturas bajo cero, las heladas, la nieve, etc. Todas estas particularidades dan cuenta del tratamiento preferencial y de excepcionalidad que debe tener nuestra ciudad. Para ello, también convocaré a representantes legislativos de los diferentes estamentos para que acompañen y propicien esta medida solicitada", explicó.

También requerirá Suspender el aumento de tarifas del transporte público hasta febrero de 2019. En este punto, aseguró que "en atención a todas las variables macroeconómicas que han impactado en la ciudadanía, y que se encuentran en desarrollo, y necesitamos al menos que los asalariados, los que tienen trabajo, puedan tener en sus bolsillos una recomposición salarial acorde a los índices inflacionarios que existen".

Solicitó convocar a una de las universidades públicas, la Universidad Nacional del Comahue o de Río Negro, para que participe en el análisis de costos y diagramación del transporte público. Oñate detalló que esto permitirá contar con el análisis de un técnico - tercero- imparcial que "pueda traducir a la ciudadanía los movimientos y costos que se esgrimen que quieren dar por fundamento para el aumento tarifario".

Finalmente, anunció que presentará acciones judiciales en el caso de que no se retrotraigan las medidas. (ANB)