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Empresa podría judicializar suspensión del transporte por la ruta 23

Algarrobal había firmado un convenio con la Provincia para prestar el servicio del tramo Bariloche-Viedma por la Región Sur. “Sin mayores justificaciones”, el Gobierno suspendió el servicio, se quejó. La firma había adquirido dos unidades y contratado personal.
22/01/2015 00:00 Hs.
Empresa podría judicializar suspensión del transporte por la ruta 23
Empresa podría judicializar suspensión del transporte por la ruta 23

Podría llegar a la Justicia la baja del convenio entre la Provincia y la empresa Transportes Algarrobal para la prestación del servicio de transporte de pasajeros por la ruta 23, luego que el Gobierno suspendiera el acuerdo.

Así lo anticiparon los propios empresarios de Algarrobal -Ayala Hermanos-, quienes expusieron su enojo por la forma “intempestiva” en la que se dio de baja el permiso precario y se suspendiera el servicio.

Según información oficial, la Secretaría de Transporte, respondiendo a una resolución de la Fiscalía de Estado, resolvió dar de baja las autorizaciones a esa empresa y a Patagonia Land S.R.L., a quienes oportunamente había encomendado unir Bariloche y Viedma por la ruta 23.

En ese sentido, la presidenta de Transportes Algarrobal, Malen Ayala, precisó que el convenio entre la firma y el Gobierno se firmó el pasado 9 de enero. Para prestar el servicio de manera eficiente, la empresa adquirió dos unidades cero kilómetro, cuyo costo llega a 7 millones de pesos, y que ya están apostadas en Bariloche.

Además, en el acuerdo entre las partes figuraba que la empresa debía incorporar a su planta de personal a cuatro choferes de la firma Tres de Mayo, que prestaba el servicio, hasta que se le retiró el manejo de la traza. “Ya los dimos de alta a los empleados en nuestra empresa, y ahora, sacarlos nos implicaría hacernos cargo de las remuneraciones y de los 20 años de antigüedad que tienen”, planteó Ayala.

“El Gobierno estaba desesperado buscando empresa, vino a Bariloche el Subsecretario de Tránsito de Río Negro, y realizó un relevamiento por varias empresas. Se definió que la nuestra iba a prestar el servicio, y avanzamos con inversiones en ese sentido”, explicó Ayala.

Por todo lo expuesto, “si no varía la situación vamos a iniciar acciones legales”, advirtieron los hermanos Ayala, en rueda de prensa.

La decisión de la Fiscalía de Estado se tomó luego que la empresa Vía Bariloche denunciara el otorgamiento del permiso precario, ya que, según consta en ese documento, Algarrobal no cumplía con los requisitos para prestar el servicio ni ser beneficiada como concesionaria -precaria, en este caso- del Estado provincial.

Hace varios meses, Vía Bariloche mostró interés por prestar servicios en la ruta 23, y solicitó a la Provincia la licitación de esa línea. Ahora, ante lo que la empresa consideró una irregularidad, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría de Transporte, que derivó en la caída del acuerdo. Entre otros puntos, Vía Bariloche cuestionó que el Ejecutivo no exigió, ni Algarrobal Turismo presentó, detalles de horarios de llegada de los servicios, ni cronograma de paradas intermedias en la Región Sur, ni especifica con qué vehículos prestaría el servicio, ni con cuanto personal, al margen de la absorción de los cuatro empleados de Tres de Mayo.

A pesar de estos cuestionamientos, la titular de Algarrobal consideró “injusto” que se suspendiera el servicio, y criticó un posible otorgamiento a una empresa “que es ajena a Bariloche, y ya tiene un monopolio”, dijo.

Consideró que el Gobierno “sigue monopolizando el transporte, y las firmas chicas como nosotros, vamos a ir muriendo”. En ese sentido pidió “defensa” por parte de la Intendenta y los concejales de la ciudad. “Salgan a defender los derechos de las empresas locales, que nos adaptamos a todas las situaciones económicas, que mantenemos el personal (desde hace 30 años), y no tenemos deuda ni con Nación, ni Provincia, ni el Municipio”, planteó.

La familia Ayala explicó que “la Provincia nunca hizo la licitación del tramo, siempre se prestó el servicio con este tipo de convenios” precarios.

Y consideró que legalmente, los argumentos de la Provincia, por la suspensión del servicio de transporte, “carece de todo sentido”. (ANB)