Propietario quiere tomar posesión de las tierras de la “estafa” de Kopprio

Las tierras destinadas al nunca concretado Consorcio del Barrio San Juan siguen siendo motivo de hechos violentos, denuncias cruzadas y tironeos. Se trata de las parcelas sobre las cuales presuntamente se concretó una estafa, cometida por el ex dirigente de UPCN, Juan Kopprio, quien se encuentra prófugo de la Justicia.

La maniobra afectó a unos 300 damnificados que habían pagado por sus terrenos, a los que nunca tuvieron acceso de manera legítima. No obstante, algunos de los perjudicados (y otros no vinculados al proyecto habitacional) se asentaron en las tierras porque consideraron que era “justo”. La causa que investiga la presunta estafa avanza a ritmo pausado debido a que Kopprio se fugó de Bariloche, y hasta el momento -pese al ofrecimiento de una recompensa por datos- la Justicia no logró dar con su paradero.

En tanto, sus socios, Juan Azocar y Claudio Oyarzún, quedaron imputados por el presunto delito de estafa pero negaron conocer el destino de los fondos, que a modo de anticipo cobraron a un importante número de vecinos.

Esos “ocupantes” de los lotes fueron denunciados por “usurpación” por el propietario de las tierras, Germán González Lera. Los protagonistas de la toma, aseguran que Gonzales Lera le otorgó a Cospat SRL -la administradora del "consorcio barrio San Juan"- la posesión de las tierras y les cedió los contratos, por lo que consideran que no son “usurpadores”. Incluso plantean que Cospat SRL, logró la posesión de las tierras porque desembolsó una “seña” -pagada a González Lera- de cerca de dos millones de pesos, que reunió con el pago de las cuotas de los 300 damnificados.

En la mencionada causa, el Juez Martín Lozada imputó por el delito de “usurpción” a los “ocupantes” y restituyó las tierras a González Lera, quien todavía no pudo tomar plena posesión de los lotes.

Según denunció, en diálogo con ANB, al intentar alambrar y limpiar el terreno fue increpado y “amenazado” por un grupo de personas que habrían participado de la toma. “Pedí la asistencia de la Policía, pero me respondieron que no tienen orden de desalojo, desconociendo que se trata de un delito de acción pública, por lo que no es necesaria la orden del Juez”, planteó González Lera.

En tanto, relató que fue denunciado por “amenazas” por los “ocupantes” y hace pocos días por “hurto”, porque “una mujer dijo que había un poste suyo en mi terreno, y me denunció a mí”, explicó azorado. “Es un absurdo, hurtar postes en mi propiedad. Se trata de una denuncia de un tercero contra un propietario. Pedí a la Policía que no tomara la denuncia, pero me dijeron que están obligados a hacerlo. Si falta un clavo alguien de afuera me denuncia”, ironizó.

Y críticamente generalizó: “El accionar de la Justicia es lento. Me resulta muy difícil sostener mi posición frente a este hostigamiento en mi contra y en contra de mis empleados. Son personas que ocuparon y luego abandonaron”.

“Hoy apropiarse de tierras y venderlas se vive como un negocio inmobiliario. Y (para un propietario) es difícil porque la gente (damnificados ocupantes) está cometiendo un delito, al amparo de la necesidad social y cuestiones del orden político”, entendió González Lera.

Sobre la “estafa” de Kopprio, responsabilizó directamente al gremio UPCN porque “era un delegado, y el sindicato no lo puede eludir”.

En tanto, relató el inicio de la toma. “Mientras hablaba con un grupo de personas damnificadas con clara intención de resolver el problema, y proceder al planteo urbanístico, otro grupo violento con topadoras, iniciaron la ocupación”, dijo, y sin dar mayores detalles, denunció que “funcionarios provinciales, municipales y gremios, fueron parte de la toma”.

Consideró además que “hoy la situación es delicada: la Policía dice que no tiene la orden del Juez para desalojar, es decir que si alguien ingresa, yo tendría que desalojarlo en ausencia de autoridad policial. Voy a tener que enfrentarme con los delincuentes”, sintetizó.

Por su parte, y oportunamente, integrantes del asentamiento denunciaron actos de vandalismo contra sus precarias viviendas, que atribuyeron al propietario del terreno.

Por último, González Lera denunció que Cospat SRL “continúa comercializando lotes de otras tierras que no posee”. (ANB)