Concejales ratificaron pedido de juicio político contra Calcagno

Concejales de Dina Huapi volvieron a respaldar el pedido de juicio político contra el Juez de Instrucción Ricardo Calcagno. A pesar que el magistrado determinó el sobreseimiento de Fernando Riquelme por el delito de "usurpación" luego del intento de desalojo de su vivienda, el pedido de juicio político en su contra sigue firme.

Este miércoles por la mañana, los ediles Alejandro Corbatta, Leonardo Pacheco, y Armando Capó mantuvieron una reunión con la familia Riquelme y su abogado, Alejandro Pschunder. En ese marco, los concejales volvieron a respaldar el pedido de juicio político contra Calcagno promovido por la familia, y se comprometieron a firmar un escrito, para suscribir a la iniciativa, que Pschunder ya había presentado al Consejo de la Magistratura, a través de una nota que todavía no fue tratada.

En concreto, la familia Riquelme acusa a Calcagno de haber impulsado un desalojo por vía Penal, sin que mediara acción civil que enmarque la medida, y de haber dado curso a una "falsa denuncia", desconociendo la documentación que acreditaba la compra-venta del lote.

En marzo de este año, el intento de desalojo de la familia -una joven pareja con dos hijas de 1 y 3 años- movilizó a la comunidad de Dina Huapi, y hasta los concejales de la localidad acompañaron el pedido para evitar que se los desplace del terreno, y se inicie el juicio político contra el juez interviniente.

Por su parte, Corbatta, presidente del Concejo de Dina Huapi, transparentó a ANB los motivos de la ratificación de su respaldo al pedido de juicio político contra Calcagno: "Quedó demostrado que si nosotros (por los ediles) no interveníamos, se iba a cometer una injusticia muy grande. Eso dejó al descubierto grandes falencias de este juez, con consecuencias muy graves", sintetizó.

Lo cierto es que cuando Calcagno promovió el desalojo, el propio fiscal de la causa intervino y recordó al magistrado que el ministerio público es el dueño de la acción, y no había solicitado tal medida.

"Buscaron un artilugio legal. Quisieron sacar a la familia a la fuerza, con el todo el poder de apellidos tradicionales (de Bariloche) y con una acción penal. Eso no es posible, y ahora vamos a pedir el juicio político para Calcagno", explicó oportunamente el abogado de la familiar Riquelme.

La familia Riquelme posee un boleto de compra-venta correspondiente a una transacción realizada hace más de 22 años, en 1991. Desde entonces, aunque con alguna interrupción, familiares del comprador viven en el terreno. Según consta en el expediente judicial, se produjeron incumplimientos en el pago de las cuotas acordadas para la compra del terreno, lo cual generó que el propietario original -integrante de la familia Arroyo- volviera a vender el lote, en dos oportunidades. Uno de esos compradores promovió la acción penal, ya que por vía civil Riquelme demostró la posesión por prescripción de acción de los demandantes.

Hace pocos días, ANB informó que el titular de la vivienda, Fernando Riquelme fue sobreseído del delito de usurpación de manera "definitiva", calificó Pschunder. No obstante, el segundo comprador del lote, Carlos De La Vega, apeló el sobreseimiento resuelto por Calcagno.

El Departamento de Prensa de la Tercera Circunscripción, detalló que el abogado de De La Vega, Rodolfo Rodrigo, apeló lo dictado por Calcagno y señaló que la causa por "usurpación" del lote de calle Los Tilos, de Dina Huapi, está en etapa de revisión en la Cámara Segunda del Crimen.

Se detalló que De La Vega "puso en conocimiento que personas ignoradas habían roto el candado del portón del predio de su propiedad y colocado uno nuevo, hecho constatado por la Policía, con fotografías que confirmaban sus dichos. Ante ello se solicitó una identificación de las personas individualizándose en la oportunidad a Fernando Riquelme".

También se informó que Pschunder "presentó documental y solicitó el sobreseimiento, medida a la que se opusieron el Fiscal Lista y la querella solicitando el procesamiento por usurpación por un lado, en tanto la parte querellante solicitó la restitución del bien".

Y se concluyó que "a efectos de evitar el uso de la fuerza pública tanto Riquelme como su letrado se comprometieron a retirarse del lugar en el término de seis días", pero, "no cumplieron con este compromiso, muy por el contrario en dicho lapso ejecutaron acciones mediáticas con descalificaciones funcionales para con el Juez de Instrucción actuante, manteniendo audiencias con diferentes funcionarios, para no cumplir el compromiso asumido". Entre las acciones desarrolladas, destacaron desde el Poder Judicial "se encuentra el pedido de juicio político al Juez de instrucción actuante, que redactara el defensor y firmara el procesado Riquelme y que oportunamente fuera elevado al Consejo de la Magistratura para su tratamiento". (ANB)