Inminente desenlace del conflicto por el Puerto San Carlos

Cuenta regresiva para la definición sobre el destino del Puerto San Carlos. El municipio y la concesionaria Emprendimientos Bariloche S.A., partes en litigio, presentaron las demandas, las pruebas y diligencias en la causa judicial. El proceso está completo. Sólo resta la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que deberá definir si convalida o no el desalojo de la empresa, promovido por el Gobierno de María Eugenia Martini, tras la rescisión del contrato que vinculaba al privado con el Estado.

Técnicamente, la Cámara tenía un plazo de 40 días, desde el último procedimiento, para dictaminar sobre el expediente. Ese plazo ya caducó, pero en diciembre pasado la integración de la Cámara sufrió modificaciones y, por lo tanto, se estima que entre los meses de febrero y marzo de este año, dicte sentencia sobre el polémico litigio.

El conflicto desnuda más de 20 años de desencuentros y puja de intereses (y complicidades oficiales), entre los privados más poderosos de la ciudad y el Estado.

El escenario jurídico es complejo. Lo cierto es que no existe jurisprudencia en la ciudad, sobre la aplicación de la Ley Provincial a la que apeló el Municipio, referida a las contrataciones públicas.

En la práctica, el Gobierno optó por esa vía –la de más rápida resolución- sin precedentes en la ciudad, para lograr el desalojo del Puerto en tiempos acotados. Valiéndose de la mencionada legislación, y del hecho que se litiga sobre un bien de dominio público, el Municipio logró un trámite sumarísimo, en función de la prioridad que tiene el Estado en comparación con un conflicto entre privados.

El Gobierno esperaba tomar posesión efectiva del lugar, durante la gestión interina de Martini, en un lapso máximo de cuatro meses, desde iniciada la causa.

La laxitud en los tiempos, responde a la declaración de "incompetencia" del Juez Civil Carlos Cuellar, quien luego de avocarse al expediente y a poco de dictar sentencia, remitió la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, porque concluyó que el conflicto debe ser dirimido por la vía contencioso-administrativa.

"No existe algo que hubiera hecho de manera diferente. Trabajamos a conciencia y convencidos", confió a ANB la Asesora Letrada del Ejecutivo, María Peralta, cuya cartera técnica, está atravesada por definiciones políticas de diversas áreas del Municipio.

En rigor, el proceso de recuperación municipal del Puerto se inició el 25 de febrero pasado, cuando la Intendenta (entonces interina) anunció que se exigiría a Emprendimientos Bariloche el cumplimiento de postergadas obras de mejora y mantenimiento del Puerto, y el pago de más de 2 millones de pesos de canon incumplido. Vencidos los plazos para cumplimentar las exigencias estatales, se puso en marcha el proceso de rescisión y desalojo.

Ahora, entre los meses de febrero y marzo de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, deberá definirse entre dos opciones: sentenciar el desalojo en esta instancia, u obligar al Municipio a que tome la vía "ordinaria" de desalojo, lo que podría dilatar una resolución hasta el lapso de dos años, debido a la serie de instancias recusivas que se presentan habitualmente.

De acuerdo al planteo legal del Municipio "es esperable que la Cámara disponga el desalojo", evaluó Peralta.

Por ley, la sentencia será inapelable. En la práctica, el privado podría intentar insistir con una segunda instancia a través de una presentación por daños y perjuicios "pero en este caso, Emprendimientos Bariloche, no tiene ese margen, no es procedente, por la serie de serios incumplimientos por parte de la empresa. Entre ellos, la falta de pago del canon correspondiente, reformas edilicias y tareas de mantenimiento", subrayó la letrada.

Será la Cámara la que analizará si concede ese recurso extraordinario de apelación -en términos de excepción-, en el caso hipotético que sentencie el desalojo. (ANB)