Duro de domar

Los antecedentes de la represión salvaje de las policías durante las dictaduras del siglo pasado y las múltiples operaciones políticas para crear caos social no pueden ser tomados a la ligera. En un contexto político complejo, de cambios que no terminan de configurarse y de fuerte presión del capital concentrado por avanzar en sus intereses, no puede dejarse de lado la intencionalidad política de quienes promovieron las protestas policiales y de quienes promueven disturbios y robos al boleo. Sin perjuicio de la falta de reflejos de las gobernaciones provinciales, especialmente la de Córdoba, y del propio gobierno nacional, es preciso reparar en que los conflictos al interior de las fuerzas de seguridad tienen también una lógica interna.

En primer lugar, al no tener representación sindical, desde el punto de vista reglamentario cualquier reclamo es una insubordinación. La falta de marco legal no debería restarle legitimidad, menos en una sociedad donde el hermano o la esposa de un policía o un gendarme tienen la posibilidad que ese hombre no tiene. Es decir, cualquier trabajador en la Argentina recurre a la protesta y, a su vez, la dirigencia sindical se ocupa -o intenta- canalizar esa protesta hasta llegar a una negociación en los ámbitos contemplados, ya sea los ministerios o secretarías de Trabajo, ya sea en los juzgados laborales. Sumando fuerzas de seguridad y penitenciarias, en el país hay varios cientos de miles de personas que no tienen esa instancia. Si eso no se modifica, es preciso tener en cuenta que cuando la protesta explota lo hace con la fuerza del que no tiene un canal abierto.

En segundo lugar, estas protestas policiales tuvieron como protagonistas a los agentes y suboficiales. Es decir, los de rangos bajos, los que están acostumbrados a recibir instrucciones y órdenes en una estructura piramidal. Si saltaron es porque sus reclamos eran ninguneados pese a que, como en Córdoba, ante la imposibilidad de dar la cara por falta de marco legal para el reclamo público, fueron las esposas de los policías las que asumían la vocería del conflicto. Inevitablemente, una esposa y madre tiene muchas más posibilidades de recibir apoyo que un agente policial con gestos duros y tradición de pertenecer a quienes reprimen las protestas sociales y no precisamente de tener derecho al pataleo. O sea, a través de las mujeres ganaron la legitimidad social que difícilmente hubieran logrado saliendo con uniformes, palos y armas.

En tercer lugar, y muy importante, la disparidad de sueldos que tienen las distintas agencias y fuerzas de seguridad. Por caso, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) gana casi el doble que uno de la provincia de Buenos Aires. En las cárceles del SPF hay, aproximadamente, 10.000 presos y 11.000 penitenciarios. En las cárceles bonaerenses hay 30.000 presos y 16.000 penitenciarios. O sea, cobran menos pero tienen más trabajo. Los agentes de la Policía Bonaerense cobran sensiblemente menos que sus pares de la Federal. A su vez, éstos cobran sensiblemente menos que los de la Metropolitana. La disparidad se replica en todas las provincias. En la mayoría, los gobernadores no quieren destinar más presupuesto. En la tradición oral, se da por sentado que los usos y costumbres indican que los jefes policiales tienen permisos para buscar, valga la metáfora, las cajas compensatorias. Ergo, al no haber sindicalización funciona el efecto contagio.

En cuarto lugar, los aumentos otorgados por sus respectivos gobernadores en Córdoba y en Catamarca, después de las protestas, calmaron a los policías de esas provincias y, al mismo tiempo, estimularon a sus pares de otros distritos. Además, con aumentos salariales que van entre el 50 y el 100%, superan cualquier banda de negociación de cara a las paritarias 2014. Si ya los docentes y los camioneros habían planteado el 30% y fue tomado como un pedido de máxima, ahora más de uno va a plantear el cielo por asalto. Lo curioso es que hayan sido los policías, y no los bancarios o los mecánicos o cualquier otro gremio, los que tomaron la punta.

Fuerzas de inseguridad y proyecto político. Nadie puede dejar de lado que, tras la retirada de la escena de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, son las fuerzas policiales las que están en la mira del Pentágono de Estados Unidos como un factor capaz de aliarse a una escalada desestabilizadora. El único intento serio de un diseño diferente del mando democrático por sobre los jefes policiales fue el de León Arslanián, en la provincia de Buenos Aires. Fue resistido por la alta oficialidad y también por sectores de la Justicia y del Ministerio Público provincial, así como por algunos intendentes acostumbrados a compartir espacios con las cajas policiales. El autogobierno de la jerarquía policial es un riesgo que una democracia popular no debería correr.

Se sabe que la mayoría de los integrantes de las fuerzas de seguridad forman parte de la ideología conservadora, de derecha, autoritaria y de un catolicismo rancio. Es cierto que se abrieron varios programas académicos en universidades públicas que oxigenan ese mundo cerrado y oscuro. Pero no alcanza a configurar un proyecto de cambio en las agencias de seguridad. Tal vez porque todavía hay espacios cerrados y oscuros en muchos sectores de las administraciones provinciales y municipales. Los policías y sus servicios de inteligencia suelen tomar nota de esas zonas oscuras de la política. Con lo cual, más de una vez neutralizan los intentos de cambio. Por otro lado, la sensación de inseguridad que vive la mayoría de la población juega a favor de la ampliación de los presupuestos públicos para estas áreas. Sólo una minoría, supuestamente ilustrada, tiene la convicción, y no siempre la información cierta, de que el mundo delictivo tiene una pata policial. Las investigaciones de fiscales sobre el accionar policial suelen ir a la velocidad de los tanques del general Ernesto Alais cuando Raúl Alfonsín le ordenó que avanzara sobre los carapintada, en abril de 1987.

¿Por qué no hay protestas en las agencias federales? Gendarmería, Prefectura y Policía Federal tienen sueldos altos, al menos en comparación con el resto. Esto es decisivo. También es preciso reconocer que el modo de conducción del secretario Sergio Berni colabora mucho con la mentalidad de los agentes. Tiene grado militar, aunque en realidad por ser médico y no por formación de combate. Pero, además, tiene la impostura física: grandote, practica artes marciales, maneja motos y todas esas cosas que caen bien en la cultura de quienes, en definitiva, cada tanto tienen que usar armas. Berni asume como propia la mentalidad de los uniformados. Más allá de lo que íntimamente crea, asume un rol que es funcional a su cargo. Dicho en criollo: va al frente. Así podían verlo los colorados del Monte a Juan Manuel de Rosas o los soldados de Malvinas a Martín Balza o a Aldo Rico, y también los guerrilleros que pelearon al lado de Ernesto Guevara, Mario Santucho o Raúl Yager. El gran tema es que la conducción política y administrativa de las fuerzas de seguridad no puede descansar en el liderazgo personal, sino en protocolos y programas de formación que acompañen un proceso político que, además de democrático, pretende o presume pretender que sus ideales recogen las tradiciones de lucha por la igualdad, la justicia social y que está dispuesto a avanzar sobre los privilegios de las minorías.

Narco. Es indiscutible que muchos delitos están asociados al narco. Los delincuentes consumen drogas y eso hace más imprevisible el resultado de un robo. En las cárceles ingresan cantidades notables de drogas y, hay que decirlo, si muchos presos no consumen drogas se convierten en tipos peligrosos por el síndrome de abstinencia. Crece el comercio de cocaína y de drogas sintéticas, con lo cual hay grupos narcos con bastante poder económico. Muchos pibes pobres están bastante destruidos por el paco. Hay cocinas de drogas. Hay exportación de drogas.

Aunque todo lo anterior es cierto y muy preocupante, los especialistas aseguran que no hay grupos narcos con poder territorial como sí lo hay en otros países del continente. El caso histórico más fuerte es el de Colombia, donde Pablo Escobar pudo, a fines de los ochenta, comprar a un Congreso nacional entero para la famosa ley que evitara la extradición a Estados Unidos de los capos de los carteles de Medellín y de Cali. Esos estaban en Colombia y vivían a sus anchas, ya sea en sus mansiones o en cárceles acondicionadas como hoteles. México, país fronterizo con el gran consumidor de cocaína, vive en su región norte una década de exterminio con más de 70.000 víctimas fatales. Brasil tiene, desde hace años, a los grupos narcos instalados en muchas favelas. La intervención planificada del Estado con planes sociales combinados con golpes policiales permitió que Lula y Dilma Rouseff avanzaran en el control del poder narco. El Mundial 2014 será una gran prueba de cuánto avanzaron. La Argentina no tiene ninguna ventaja natural o geográfica que la mantenga blindada de los intereses narcos si éstos son derrotados en otros países y deciden buscar nuevos horizontes.