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Clarín y un paso adelante

La nueva presentación se apoya en la voluntaria realizada en diciembre de 2012 por Fintech Advisory. Si Clarín se quedaba atado a la retórica de ser víctima de los atropellos de la libertad de expresión, le dejaba el terreno servido a la AFSCA para avanzar en un reordenamiento que no iba a remplazar la mentalidad lucrativa de cualquier empresario.
10/11/2013 00:00 Hs.
Clarín y un paso adelante
Clarín y un paso adelante

A través de un extenso y detallado escrito de más de 200 carillas, el Grupo Clarín y sus sociedades vinculadas, presentaron un plan de adecuación de licencias ante la AFSCA. En términos administrativos, se apoya en la presentación voluntaria realizada el 5 de diciembre de 2012 por Fintech Advisory Inc., propietaria del 40% de las acciones de Cablevisión. El dueño de Fintech es David Martínez, un excéntrico financista que sin dejar de ser titular de un fondo buitre tomó partido por no colisionar con la ley que pone fuera de sí a Héctor Magnetto y al resto de los directivos de Clarín. Pero lo que presentó María de los Milagros Páez, apoderada del Grupo Clarín, es una ambiciosa propuesta para convertir el actual grupo en seis sociedades distintas, dos de ellas ya existentes y otras cuatro a crearse. Esta propuesta abarca el total de licencias, de televisión abierta y de cable, de radios AM y FM, así como de las licencias para cableoperadores que en total suman más de 200 y que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual exige que no se excedan de 24.

Este paso fue tomado por los directivos de Clarín en una semana vertiginosa: el pasado martes 29 de noviembre a media mañana la Corte Suprema fallaba por la constitucionalidad plena de los cuatro artículos judicializados por Clarín y dos días después, Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA, se presentaba en Piedras 1743, domicilio del multimedios, para advertir que los plazos para presentarse a la llamada adecuación voluntaria, estaban vencidos y que, en consecuencia, la autoridad de aplicación procedería a realizar las modificaciones "de oficio".

Cabe consignar que el artículo 161 de la ley (uno de los cuatro sobre los cuales falló la Corte) obliga a los titulares de licencias "que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida" tendrán un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. "Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen", agrega dicho artículo. Y esa fue la mecha que se encendió desde el jueves pasado. La pregunta que reavivó las internas de Clarín era: ¿Debemos o no debemos presentar un plan de adecuación voluntaria? Evidentemente, el no hacerlo dejaba al grupo de Héctor Magnetto en una fragilidad jurídica altísima.

Si Clarín se quedaba atado a la retórica de ser víctima de los atropellos de la libertad de expresión, le dejaba el terreno servido a la AFSCA para avanzar en un reordenamiento que no iba a remplazar la mentalidad lucrativa de cualquier empresario. Es decir, Sabbatella no tenía por qué contar el ganado de Magnetto si este dejaba la tranquera abierta. A tal efecto, vale la pena recordar que ese artículo 161 dejaba un claro margen para permitir a cada grupo empresario hacer un plan de negocios conveniente para sus intereses. El último párrafo del artículo 161 dice: "Al solo efecto de la adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de licencias. Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41" ¿Y qué establece ese último párrafo del artículo 41, también judicializado por Clarín: "La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta."

Está claro que la interpretación nada caprichosa de la AFSCA sobre la adecuación voluntaria estaba a tono con la presentación de FINTECH, el socio de Cablevisión que se había presentado en soledad a fines de 2012. De allí que el escrito presentado ayer por la apoderada de Clarín incluye en su primer párrafo la solicitud de "acumulación con la actuación 27.760", que es el número de expediente del pedido realizado por FINTECH.

Lo mismo pero distinto. Sin embargo, esta presentación firmada por María de los Milagros Páez no tiene nada que ver con aquello. Esta vez, la propuesta es de Clarín y no de Cablevisión. No se refiere solo al gran negocio de la operación de televisión por cable sino al conjunto de las empresas de Clarín involucradas con la Ley 26.522 que, como se sabe, no incluye a medios gráficos y que no rige los contenidos de los medios audiovisuales. La pregunta sobre qué grupo primó en las internas de Clarín para llegar a esta determinación puede ser contestada de la siguiente manera: el grupo de la sensatez jurídica y política.

La retórica de Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú en nombre propio y representación de algunos periodistas conocidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es buen alimento para el autoengaño. Apenas un autobombo basado en que estos comunicadores afirman sentir miedo por el ejercicio del periodismo crítico. Morales Solá llegó a Clarín en plena dictadura militar recomendado por el general José Rogelio Villarreal, quien estuvo al frente de la Quinta Brigada del Ejército en la última fase del Operativo Independencia y que luego saltó a jefe de Operaciones del Estado Mayor General por pedido expreso de Jorge Videla, que lo necesitaba a su lado en el momento de consumar el golpe de marzo de 1976. Villarreal jugó un papel muy importante en la política de integración de los grupos empresariales de medios y los jerarcas militares, tal como lo prueban los documentos que hoy están en sede judicial y que surgen de la comisión Papel Prensa - La verdad.

Con la propuesta de adecuación voluntaria, Clarín tomó el camino de la sensatez, más allá de los acalorados reproches puestos a luz con información -fundada- por un editorial de Ámbito de ayer lunes 4 de noviembre. Cabe recordar que Julio Ramos, el ya fallecido creador y director de Ámbito Financiero, fue una de las voces que se alzó contra Papel Prensa cuando publicó Los cerrojos a la prensa (1993) dejando en claro la estrategia de los directores de Clarín de convertirse en un poder capaz de controlar y orientar al poder político, fuera de facto o democrático.

Podría decirse que esta presentación, la de ayer, puede estar en la línea de aceptar los cambios de los tiempos y reconocer que ese tiempo está clausurado. Esa es solo una posible lectura, optimista, pero no necesariamente la única. En efecto, la propuesta ahora será estudiada por el directorio de la AFSCA, donde no todos los integrantes responden al Ejecutivo, ya que el radical Marcelo Stubrin ocupa el lugar de la segunda minoría parlamentaria en el organismo. El mismo Stubrin en sus declaraciones periodísticas fue muy cauto y no se mostró como un adversario enconado de la ley. La AFSCA, según lo declaró el propio Sabbatella ayer, apenas tomó estado público la propuesta de Clarín, advirtió que hay por delante 120 días para estudiar la propuesta.

¿Qué se sabrá en estos 120 días y qué no? Lo que la autoridad de aplicación deberá observar hasta el detalle más mínimo es si la manera en que Clarín propone reordenar las licencias no deja posiciones dominantes. Por ejemplo, si en cada ámbito no se producen superposiciones prohibidas por la ley entre canales de aire o de cable, o si las licencias no se exceden del porcentaje autorizado dentro de la oferta (35 por ciento). El mismo Sabbatella advirtió que Clarín "se va a quedar con las licencias de mayor valor económico o simbólico" y que "el objetivo de la AFSCA es causarle el menor perjuicio a la empresa. Queremos se ajuste a la ley y no perjudicarlo."

Lo que queda por verse, en estos 120 días es si en el ida y vuelta de las conversaciones entre los ejecutivos de Magnetto y los directivos de la AFSCA se puede llegar a un entendimiento. Si eso se lograra, los argentinos estaríamos en un nuevo escenario de la comunicación mediática. Si, por el contrario, esta propuesta es evaluada como un maquillaje por parte de las autoridades, será un tiempo más de espera, al cabo del cual la AFSCA retomaría el concepto de que los plazos están vencidos, y procedería a seleccionar licencias, tasarlas y ponerlas en concurso para adjudicarlas a nuevos titulares. Clarín, por su parte, podría intentar judicializar cada uno de los pasos, interponer recursos de amparo, esperar cautelares y prender muchísimas velas para que en 2015 haya un escenario que le permitiera soñar con una Argentina sin memoria, con un olvido completo de que los tres poderes del Estado se amalgamaron para dar por resultado una ley sin dobleces y un ejercicio de la libertad de prensa sin fisuras.

Después de los 120 días, ¿qué? Si se impone un alto grado de sensatez para que sean seis (o siete u ocho) los grupos en los cuales se reconvierte Clarín para evitar posiciones dominantes, luego viene una etapa nada boba. El multimedios deberá proponer quiénes son los titulares de las licencias, con sociedades y autoridades que sean solventes, que cumplan con todos los requisitos de los licenciatarios y, por supuesto, que ninguno de ellos sea sospechado de ser un mascarón de proa o testaferro de los actuales accionistas. Eso puede llevar, de acuerdo a fuentes de la AFSCA, unos 180 días como máximo. Es decir, si se distendieran las aguas por aceptación de la realidad, durante 2014 se produciría la adecuación de Clarín. Y cabe la aclaración: también del resto de los grupos mediáticos, que incluyen entre otros a Telecentro de Alberto Pierri, Telefónica - Telefé y al Grupo 1 de Daniel Vila y José Luis Manzano.

¿Y las licencias para los sin fines de lucro? Un escenario así descripto atendería al tema de medios como el de los negocios de los dueños de los medios y no como el de la comunicación social donde esperan un lugar protagónico los potenciales licenciatarios de medios audiovisuales que expresan organizaciones sociales, espacios comunitarios y otros grupos vulnerables cuyas voces sólo aparecen invitadas por los medios bajo control del gobierno (llamados del Estado y que deberían reformarse para cumplir plenamente su función pública) o en los de gestión privada, donde cada grupo empresario busca el lucro más allá de que algunos empresarios tengan genuinas ambiciones democráticas o deseos de mecenazgo. Lo cierto es que triunfó la democracia comunicacional y es hora de tomar todos los desafíos y responsabilidades que ese triunfo impone.