Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre de 71 años por el presunto encierro de su pareja e hijos

Un impactante caso salió a la luz en Esquel tras un allanamiento realizado el pasado 22 de octubre en una vivienda familiar. El procedimiento fue encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri, quienes dispusieron la detención de un hombre de 71 años. El sujeto está imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja e hijos.

La investigación, encuadrada provisionalmente bajo las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, busca esclarecer los hechos que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.

Cómo se destapó el caso

La intervención institucional comenzó el 10 de octubre tras una denuncia formal presentada por vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por el aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores, entre otros indicios alarmantes.

Días más tarde, el 20 de octubre, tras reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria por tomar contacto con la familia, intervino el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso al domicilio, los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente en el que advirtieron sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar.

Frente a este escenario de riesgo, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para inspeccionar la vivienda, lo que derivó en el operativo del 22 de octubre. Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad y equipos médicos, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior, lo que precipitó la irrupción al domicilio. En el lugar, las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa y procedieron a la detención del acusado.

Tras el procedimiento, los órganos judiciales y de salud activaron inmediatamente los protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para el grupo familiar. Actualmente, las personas asistidas reciben acompañamiento profesional para evaluar el grado de afectación provocado por la situación vivida.

Finalmente, respecto al avance de la causa, se informó que la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido. La Fiscalía requerirá en las próximas audiencias las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación.