Realizaron un nuevo planteo defensivo en la causa de certificados médicos falsos

En el marco de la décima audiencia realizada dentro de la investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales en la Policía provincial, la Defensa Pública advirtió que un solo defensor no puede garantizar una representación técnica efectiva para 14 personas imputadas. El planteo fue formulado por el defensor penal Camilo Curi, quien sostuvo que la multiplicidad de intereses y las distintas responsabilidades atribuidas a cada acusado tornan imposible brindar una asistencia individualizada y eficiente.

Según expuso el funcionario judicial, la causa abarca 14 teorías del caso independientes, por lo que las decisiones procesales adoptadas por un imputado podrían modificar la situación técnica de los demás e incurrir en conflictos éticos. En ese contexto, remarcó que la asistencia estatal no puede reducirse a un trámite formal e indicó que, de no subsanarse este inconveniente, podrían generarse nulidades que afecten la continuidad del proceso.

Asimismo, el defensor Curi planteó la conveniencia de evaluar mecanismos de composición pacífica que promuevan el diálogo y ofrezcan alternativas no limitadas exclusivamente a la respuesta sancionatoria. Dicha propuesta consideró la dimensión de una investigación que involucra a aproximadamente 200 empleados policiales. Por otra parte, la defensa ratificó el pedido de incompetencia territorial planteado desde el inicio del ciclo de audiencias. Al respecto, sostuvo que ninguno de los ilícitos investigados se habría cometido en la ciudad de Viedma, dado que los certificados médicos eran retirados en un inmueble de General Roca y su posterior uso habría ocurrido en dependencias del Alto Valle donde prestaban servicios los acusados.

Esta postura sobre la jurisdicción coincide con los argumentos expuestos por los defensores públicos Pedro Vega, Graciela Carriqueo y María Paz Alvarez, así como por más de ocho abogados particulares residentes del Alto Valle, quienes se sumaron al cuestionamiento sobre la competencia de los tribunales de la capital provincial. En relación con el delito de presunta defraudación al Estado, la defensa añadió que deben tomarse en cuenta los sitios donde se concretaron las conductas investigadas, se desplegaron las principales medidas de prueba y se reunió la evidencia.

En respuesta a estos cuestionamientos, la Fiscalía rechazó la solicitud y exigió que las actuaciones continúen tramitándose en Viedma. El Ministerio Público Fiscal argumentó que la capital alberga la sede administrativa del Estado provincial, cuyas arcas habrían sido perjudicadas por las maniobras imputadas. Respecto de la solicitud de excusación del defensor público, la acusación sostuvo que su resolución es resorte exclusivo del Defensor General y no del juez de garantías actuante. Esta posición acusatoria fue respaldada por la Fiscalía de Estado, que interviene en la causa como querellante.

El ciclo de excepciones procesales tiene prevista su última audiencia para el próximo 10 de noviembre, fecha en la que comparecerán los últimos siete imputados de este tramo de la causa.