¿Inclusión o exclusión?: Invitan a una charla debate para pensar la discapacidad en la reforma de la Carta Orgánica

La pregunta que da nombre a la actividad es deliberadamente incómoda e invita a reflexionar: “¿Inclusión o Exclusión?”. El martes 27 de octubre, a las 18,  en el SUM UnTER (Elflein 735) se realizará una charla debate que busca poner la discapacidad en el centro de la agenda local, justo cuando la ciudad se encamina a reformar la Carta Orgánica Municipal.

ANB dialogó con Gabriela Otero, referente de la Asociación Civil El Brote e integrante del Equipo de Comunicación del Consejo Local Consultivo, quien explicó que la idea nació de una urgencia: “incidir de manera real en la reforma de la Carta Orgánica”. Desde abril, el Consejo sostiene la convocatoria pública Por una Carta Orgánica No Excluyente, un proceso en el que, según explicó, se construyó una propuesta colectiva con personas con discapacidad, familias, organizaciones, trabajadores, sindicatos y vecinos. La charla es, en sus palabras, “el corolario político-comunitario” de ese camino.

La charla-debate: cuándo, dónde y cómo participar

La actividad se titula ¿Inclusión o Exclusión? La discapacidad en contexto y está organizada por el Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad (CLCPPCD). Se realizará de manera presencial en el SUM UnTER, aunque la disertante, Nadia Heredia, participará de forma virtual en vivo.

La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados y la inscripción previa es obligatoria a través de un formulario (https://forms.gle/vhA1JwCN3JDVuMxL8). Los organizadores advierten que quedan pocos lugares. Las consultas pueden enviarse a [email protected].

Nadia Heredia: una mirada que combina academia y experiencia propia

Heredia es licenciada y profesora en Filosofía, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de las Artes. Se desempeña como Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCo, es militante de derechos humanos y autora de publicaciones nacionales e internacionales sobre bioética y educación inclusiva.

Su enfoque parte de la Ética de la Liberación y de su vivencia directa como mujer con discapacidad. Según Otero, esa combinación permite “superar el enfoque médico-asistencial” y situar el debate en el Modelo Social: la discapacidad no reside en un diagnóstico individual, sino en la interacción entre la persona y las barreras actitudinales, físicas, comunicacionales y normativas que impone la propia sociedad.

Otero recuperó una pregunta de Heredia que resume ese giro conceptual: “Si la sociedad está integrada por todas las personas que vivimos en ella, ¿cómo sería posible pensar en una inclusión social cuyos agentes operaran externamente? ¿Quiénes serían los encargados de incluir?”. El foco, subrayó la referente, no está en “traer a alguien hacia adentro”, sino en eliminar las estructuras excluyentes que se naturalizaron.

Bariloche, entre la postal y la realidad cotidiana

“Bariloche es famosa por sus paisajes, pero esconde una realidad hostil para sus vecinos”, planteó Otero. La frase se completa con una consigna que repiten las organizaciones: “Queremos que la ciudad de las postales sea amigable para quienes la habitamos”.

Según el diagnóstico del Consejo, la exclusión se manifiesta en tres planos:

Físico y de infraestructura: una topografía exigente que se agrava con transporte público inaccesible, veredas deterioradas u ocupadas por comercios y falta de rampas en garitas y dependencias públicas.

Comunicacional y actitudinal: ausencia de intérpretes de Lengua de Señas Argentina, de lectura fácil y de señalética accesible; plataformas de trámites digitales que no son accesibles; y prejuicios que limitan la participación y naturalizan la exclusión laboral.

Socioeconómico: necesidades urgentes sin respuesta en el acceso a prestaciones de salud, viviendas adaptadas y empleo, tanto ordinario como protegido.

Otero remarcó que estas barreras "no condicionan únicamente a las personas con discapacidad" sino que impactan en toda la comunidad. Lo ubicó en un contexto nacional de "ajuste inhumano y profunda regresión en derechos", que según indicó empujó al colectivo a reclamar con más fuerza una participación ciudadana efectiva, que es lo que falta en la Carta Orgánica: la norma vigente se promulgó en 2007, un año antes de que Argentina aprobara la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008, con jerarquía constitucional desde 2014). Aunque Otero la calificó como “muy progresista para su época”, sostuvo que conserva “un enfoque obsoleto y disperso” en esta materia. El Consejo propone tres ejes:

Transversalidad: un capítulo específico de alto peso jurídico, en sintonía con reformas recientes como la de Salta, articulado con áreas como Desarrollo Humano, Obras Públicas, Transporte, Hábitat, Hacienda, Empleo, Salud, Educación, Turismo, Cultura, Deporte y Comunicación.

Accesibilidad universal y ajustes razonables: la obligación legal de diseñar la ciudad, los entornos digitales y los trámites bajo el principio de «diseño universal».

Presupuesto y participación vinculante: hacer efectiva la premisa “¡Nada sobre nosotros sin nosotros!”. “La participación no puede ser formal: debe incidir en el presupuesto y en la toma de decisiones. No somos objetos de asistencia, sino sujetos de derecho”, afirmó.

El balance del Consejo. Creado por la Ordenanza 2038-CM-10, el Consejo cuenta entre sus logros la exigencia de transporte accesible, con un fallo judicial histórico (sentencia del juez Riat) que, según Otero, permanece incumplido por el Ejecutivo local pero «sienta la base jurídica» para exigir accesibilidad en la próxima licitación. También instaló en la agenda la defensa de las veredas libres de obstáculos. “No pedimos mera empatía, sino justicia concreta que beneficia a toda la ciudadanía”, señaló, y mencionó a personas mayores y familias con cochecitos de bebé.

Entre los desafíos pendientes, Otero enumeró la falta de un espacio de reunión accesible garantizado, la imposibilidad de acceder a la ejecución presupuestaria del área, una Dirección de Discapacidad sin autonomía ni equipo profesional, y la omisión sistemática de consultas previas obligatorias. Como los dictámenes del Consejo no son vinculantes, plantean que la reforma le otorgue mayor jerarquía y cree un brazo ejecutor, como una Secretaría de Derechos Humanos y Políticas No Excluyentes, que brinde respaldo técnico a este y a otros consejos (Personas Mayores, Niñez, Diversidad e Interculturalidad, entre otros).

Las organizaciones participan ad honorem: pueden marcar el rumbo y velar por el cumplimiento de las normas, pero no reemplazar al Estado. De ahí la insistencia en mecanismos de control y sanciones por incumplimiento, con proyección a 20 años, el plazo de vigencia de la nueva Carta Orgánica. Para Otero, “poner el bien común en el centro no es una proclama declamatoria: es decidir en qué sociedad queremos vivir para transformar la realidad en lugar de padecerla”.