Un conocido deportista denunció a su ex por hostigamiento y la Justicia le impuso una prohibición de acercamiento

Una mujer no podrá acercarse a menos de 500 metros de su expareja durante los próximos 90 días, luego de que el hombre denunciara una serie de situaciones de hostigamiento y violencia en el marco de una relación que terminó hace aproximadamente un año.

La denuncia fue realizada el martes 29 de septiembre en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos y posteriormente quedó a disposición del Juzgado de Paz. A partir de la presentación, se activaron las medidas previstas por la Ley 3040, que establece mecanismos de protección frente a situaciones de violencia en el ámbito de las relaciones familiares.

El juez de Paz Enzo Espejo convocó al denunciante, un deportista de la localidad, para que ratificara o rectificara lo expresado inicialmente ante la Policía. Durante esa instancia, el hombre confirmó la denuncia y aportó nuevos detalles sobre las situaciones que, según relató, viene atravesando desde la separación.

Según consta en el expediente, ambos mantuvieron una relación sentimental con convivencia durante aproximadamente un año y medio. La pareja se separó hace alrededor de un año y, de acuerdo con el relato del denunciante, a partir de ese momento comenzaron los episodios de hostigamiento que motivaron la intervención judicial.

El hombre sostuvo que la mujer habría utilizado las redes sociales que se encontraban a su nombre para comunicarse o realizar publicaciones. Explicó que ella conocía sus contraseñas, aunque posteriormente pudo modificarlas. También denunció llamadas telefónicas realizadas desde números privados y aseguró que habría recibido presiones vinculadas con un supuesto embarazo.

El denunciante también señaló que la situación se habría extendido a su entorno familiar. Como practica una disciplina deportiva, afirmó que algunos de los episodios de hostigamiento se produjeron en ámbitos relacionados con esa actividad y que la mujer también habría tenido comportamientos conflictivos con integrantes de su familia.

En su declaración ante el juez, el hombre describió a su expareja como una persona que habría ejercido violencia física y verbal y pidió que se establecieran medidas para impedir nuevos contactos. Entre otras cuestiones, solicitó que no se acercara a él, que dejara de utilizar sus cuentas personales en redes sociales y que no realizara publicaciones o referencias sobre su persona desde sus propios perfiles.

A partir de los elementos aportados, el juez Espejo consideró que mantener la situación sin modificaciones podía representar un riesgo para la integridad psicofísica del denunciante. En ese contexto, entendió que era necesario adoptar medidas preventivas mientras se avanza con la evaluación de los antecedentes de la causa.

Por ese motivo, el magistrado resolvió establecer una prohibición de acercamiento de 500 metros durante un plazo de 90 días. La restricción no se limita al domicilio del hombre, sino que también alcanza su lugar de trabajo, los espacios donde desarrolla su actividad deportiva y cualquier otro sitio, público o privado, en el que eventualmente se encuentre.

La resolución fue firmada además por Mariano Larrasolo, secretario letrado del Juzgado de Paz.

La medida establece también que la mujer deberá abstenerse de protagonizar incidentes, realizar agravios, efectuar actos molestos o de hostigamiento y formular reclamos personales por cualquier medio. La prohibición incluye expresamente las comunicaciones a través de mensajes de celular y redes sociales.

El juez advirtió que el incumplimiento de las medidas podría derivar en una denuncia por desobediencia a una orden judicial, situación que habilitaría la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Además de la prohibición de acercamiento, Espejo dispuso que la mujer realice de manera obligatoria un tratamiento psicoterapéutico orientado a prevenir y erradicar situaciones de violencia familiar y revisar las conductas que dieron origen a la denuncia.

Para cumplir con esa disposición, deberá presentarse de manera inmediata en el área de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos o en otro centro asistencial que trabaje específicamente con esta problemática.

El denunciante también deberá recibir asistencia médica o psicológica a través del sistema público de salud o de un organismo gubernamental especializado en situaciones de violencia familiar. El juez recomendó como una de las alternativas el hospital local.

Finalmente, el expediente fue remitido al Juzgado de Familia, que deberá continuar con el trámite y evaluar las medidas que correspondan de acuerdo con el marco establecido por la Ley 3040.

La resolución tiene carácter preventivo y busca evitar nuevos episodios mientras avanza la evaluación judicial de los antecedentes y de la situación denunciada.