Diversos sectores rechazaron los episodios ocurridos en la sesión extraordinaria del miércoles en el Concejo

La sesión extraordinaria del pasado miércoles en el Concejo Municipal estuvo marcada por episodios de alta tensión, abucheos e interrupciones dirigidas contra la oposición durante el debate de proyectos fiscales y de auditoría pública. El clima de hostilidad incluyó amedrentamientos verbales y agresiones físicas en los accesos al edificio municipal para evitar que se registrara en video el desarrollo de la jornada.

Frente a estos hechos, la agrupación Primero Río Negro hizo público un comunicado titulado "No nos van a callar", en el cual denunció judicialmente las amenazas de muerte sufridas por un colaborador del bloque y trabajador de prensa en la puerta del recinto. En su pronunciamiento, el partido remarcó que filmar una sesión pública es un derecho legítimo de control ciudadano, exigió la celeridad de las actuaciones judiciales y ratificó que continuará con su labor de fiscalización sin ceder ante la intimidación en los ámbitos de trabajo.

Por su parte, el espacio Podemos Bariloche difundió una posición centrada en la defensa de la transparencia y las instituciones democráticas, manifestando que solicitar auditorías externas sobre los fondos públicos es un deber institucional frente a la ciudadanía. La fuerza política rechazó el uso de la violencia y el hostigamiento dentro del cuerpo legislativo como método de presión frente a la falta de mayorías, señalando que la falta de acceso a la información y el avasallamiento de la división de poderes atentan contra la gobernabilidad democrática.

A su vez, el partido Fuerza Bariloche emitió un documento de repudio directo a las agresiones cometidas por funcionarios municipales, haciendo pública su solidaridad con los afectados por amedrentamientos y amenazas de muerte. Desde la agrupación advirtieron que la violencia representa un límite inaceptable para la sociedad, cuestionaron el uso de recursos públicos para la conformación de grupos de presión y convocaron al conjunto de las fuerzas políticas a frenar la degradación institucional, instando a retomar el camino del diálogo.

En la misma línea, el Partido Participación Vecinal (PAVE) brindó su apoyo explícito a los concejales opositores amedrentados y definió los incidentes como un comportamiento reñido con los valores democráticos básicos. En su comunicado, la organización criticó la utilización de tribunas oficialistas para agredir a la oposición e impedir el normal desarrollo de la sesión, recordando al Poder Ejecutivo que la oposición legislativa representa a la mayoría de los votantes de la ciudad y que las ordenanzas deben construirse mediante la búsqueda de consensos y no por la fuerza.

A este unánime rechazo partidario se sumó la actuación formal de la Defensoría del Pueblo, que emitió una resolución de recomendación para solicitar al Ejecutivo el cumplimiento de pautas éticas por parte de sus funcionarios y demandar la aplicación de medidas de seguridad que garanticen un recinto libre de acoso. En su conjunto, la reacción de las diversas fuerzas institucionales dejó de manifiesto la necesidad urgente de resguardar el espacio deliberativo como un ámbito plural de debate de cara a la comunidad.

Durante el transcurso de la jornada legislativa, uno de los asesores del concejal Villalba presentó una denuncia formal en el Ministerio Público Fiscal, quien indicó haber sido amenazado de muerte por dos funcionarios municipales de la delegación Lago Moreno.