Un hombre denunció a su expareja por violencia y la Justicia le prohibió acercarse a menos de 50 metros

Una denuncia por violencia terminó con una fuerte restricción judicial en Fernández Oro: un hombre recurrió a la Policía para denunciar a su expareja y la Justicia le impuso a la mujer una prohibición de acercamiento de 50 metros, además de impedirle cualquier tipo de contacto o situación de hostigamiento durante 90 días.

La presentación fue realizada días atrás en la Comisaría 26 de la localidad y, debido al encuadre de los hechos dentro de la Ley 3040, el expediente fue enviado al Juzgado de Paz. La normativa provincial establece medidas de protección frente a situaciones de violencia en el ámbito de las relaciones familiares.

La titular del organismo, Gabriela Rodríguez, dispuso una serie de medidas destinadas a proteger al denunciante y evitar que la situación denunciada vuelva a repetirse. Al mismo tiempo, ordenó comunicar el caso al Ministerio Público Fiscal para que determine si existe algún hecho que pueda constituir un delito.

No podrá acercarse a su casa ni pasar por el frente

Una de las principales medidas establece que la mujer no podrá acercarse a menos de 50 metros del domicilio del hombre. Tampoco podrá transitar por el frente de la vivienda.

La prohibición no se limita a la casa. La resolución también establece que ambos deberán mantener una distancia prudencial cuando coincidan en espacios públicos o privados durante el período en que permanezcan vigentes las medidas.

El plazo fijado por el Juzgado de Paz es de 90 días. Además, la mujer deberá abstenerse de generar cualquier tipo de agresión, molestia u hostigamiento contra su expareja, ya sea de manera presencial o mediante distintos canales de comunicación.

La prohibición incluye llamadas telefónicas, mensajes y comunicaciones a través de redes sociales o aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp, especialmente cuando se trate de contenidos agraviantes o amenazantes.

La advertencia de la Justicia: qué pasa si incumple

La resolución judicial también contiene una advertencia concreta: el incumplimiento de las medidas puede traer nuevas sanciones.

Según lo establecido en la normativa provincial, la mujer podría ser sancionada con arresto, una multa económica o trabajos comunitarios si desobedece las restricciones impuestas.

Pero las consecuencias podrían ser aún mayores si se comprueba que incumplió deliberadamente una orden judicial. En ese caso, podría iniciarse una investigación por el delito de desobediencia, de acuerdo con las normas previstas en el Código Procesal de Familia.

La resolución contempla además que, si se detecta una intención clara de violar las prohibiciones o de incumplir las obligaciones impuestas, se dará intervención a la Fiscalía para que analice la posible existencia de un delito.

También deberán pasar por una entrevista psicológica

La Justicia dispuso además una medida destinada a evaluar la situación de ambas partes desde el área de salud mental.

Tanto el hombre como la mujer deberán presentarse a una entrevista para determinar si necesitan iniciar un tratamiento psicológico. Para eso, tendrán que concurrir al servicio de salud mental del hospital más cercano a sus respectivos domicilios.

En ese ámbito se evaluará cada situación y, si corresponde, se establecerá la modalidad del tratamiento que deberá realizarse. De esta manera, la intervención no quedó limitada a la restricción de acercamiento, sino que también incluyó una instancia de evaluación profesional para ambas partes.

La causa seguirá en el Juzgado de Familia de Cipolletti

El expediente tendrá además una instancia ante el Juzgado de Familia de Cipolletti. La jueza de Paz dispuso requerir la intervención de ese organismo para continuar con el abordaje judicial del caso.

Para presentarse ante esa instancia, las partes deberán contar con un abogado particular. Si alguna de ellas no tiene recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de un profesional, podrá solicitar asistencia legal gratuita en el CADEP, el Centro de Atención de la Defensa Pública.

En paralelo, la Fiscalía deberá analizar la denuncia y determinar si corresponde intervenir ante la posibilidad de que se haya cometido un delito.

La Policía podrá intervenir ante una situación urgente

Las medidas adoptadas también contemplan la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para garantizar su cumplimiento.

Ante una situación de urgencia, el hombre podrá solicitar asistencia en la Comisaría 26 de Fernández Oro. Los efectivos de esa unidad fueron encomendados para comunicar formalmente tanto al denunciante como a la denunciada las restricciones y obligaciones establecidas por la Justicia.

Por ahora, la causa continúa bajo distintas vías de intervención: el Juzgado de Paz estableció las medidas de protección, el Juzgado de Familia de Cipolletti deberá avanzar con el abordaje correspondiente y la Fiscalía tendrá que determinar si los hechos denunciados pueden derivar en una investigación penal.