Presentaron un proyecto para regularizar las app de transporte

Un proyecto de ordenanza ingresó formalmente a la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección de Tránsito de Villa La Angostura con el objetivo de regular el transporte de pasajeros a través de aplicaciones digitales dentro del ejido municipal. La propuesta busca estructurar un marco legal que habilite la operación de estos servicios y fije requisitos rigurosos para conductores, vehículos y empresas, intentando equilibrar la convivencia con el sistema tradicional de taxis y remises para evitar la evasión fiscal y la competencia desleal.

El eje central de la normativa es la creación del Registro Municipal de Empresas de Redes de Transporte (ERT), de carácter público, obligatorio y bajo la órbita de la Dirección de Tránsito y Transporte. Para obtener la habilitación, que tendrá una vigencia de un año fiscal con renovación anual, las firmas administradoras deberán acreditar personería jurídica, regularidad tributaria y proveer una integración tecnológica que permita al municipio acceder a datos de los viajes para tareas de control.

Respecto a los vehículos, se imponen condiciones técnicas específicas: deben ser tipo sedán, hatchback o SUV, contar con un máximo de 10 años de antigüedad, tener al menos cuatro puertas y capacidad máxima para cinco personas.

Asimismo, se les exigirá contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente, un seguro específico para el transporte de personas, portar una oblea digital identificatoria y estar radicados en Villa La Angostura. Este último punto tiene el fin declarado de evitar la llegada de flotas temporales o "golondrina" durante las temporadas de alta demanda turística, priorizando la seguridad y el empleo local. Además, se fija un cupo máximo de habilitaciones equivalente al 100% de las licencias de taxis y remises vigentes en la localidad.

En materia operativa y de tarifas, la ordenanza prohíbe la captación de pasajeros en la vía pública sin una solicitud previa mediante la plataforma, así como el uso de paradas o espacios exclusivos reservados para el sistema tradicional.

Por otra parte, se establece que el usuario deberá conocer el precio antes de aceptar el viaje y que la tarifa mínima no podrá ser inferior a la bajada de bandera del taxi determinada por el municipio. También se prohíbe aplicar tarifas dinámicas excesivas durante emergencias climáticas o catástrofes.

Por último, el proyecto introduce la Tasa de Uso de la Red Vial y Fiscalización, un canon equivalente al 1,5% del valor de cada viaje que las empresas deberán retener y depositar mensualmente al municipio. Estos recursos se destinarán en un 50% a infraestructura vial y señalización, un 30% a equipamiento de fiscalización y un 20% al fortalecimiento del transporte público urbano.

El procedimiento de control en la calle se dividirá en cuatro etapas —desde la identificación de indicios hasta la adopción de medidas preventivas— y deberá respetar las garantías constitucionales y la privacidad de los ciudadanos. En caso de detectarse servicios sin habilitación, se prevén sanciones que incluyen el secuestro preventivo e inmediato del vehículo. El documento iniciará ahora su debate en el ámbito legislativo municipal para determinar su aprobación.