Denunció persecución y maltrato en un instituto de Zapala: la Cámara evitó que el caso quedara cerrado

Una trabajadora de un instituto de formación docente de Zapala logró que la Justicia revise una denuncia por presunta violencia de género que había sido cerrada prácticamente desde el inicio. La mujer afirmó que durante unos dos años y medio soportó hostigamiento, maltrato psicológico y persecución laboral por parte del director.

El primer juzgado que intervino entendió que detrás de la presentación había un conflicto administrativo y disciplinario y decidió desestimarla. Sin embargo, la denunciante apeló y planteó que su relato nunca había sido realmente investigado.

El reclamo llegó a la Cámara Provincial de Apelaciones, que por mayoría consideró que el cierre había sido prematuro y ordenó que el expediente vuelva a tramitarse.

Una escena frente a docentes y estudiantes

Entre los episodios que la mujer describió, uno ocurrió dentro del propio instituto y fue señalado como una de las situaciones más intimidantes.

Según relató, el director la habría seguido desde un laboratorio hasta una galería mientras le gritaba y hacía ademanes agresivos, en un espacio donde había colegas y estudiantes.

La trabajadora sostuvo que aquella escena no podía interpretarse como una discusión habitual entre integrantes de una institución educativa. Para ella, se trató de una forma de amedrentamiento y exposición pública dentro de un contexto que ya venía sosteniéndose desde hacía tiempo.

También afirmó que la posición jerárquica del director habría sido utilizada para ejercer presión sobre ella, cuestionar su desempeño profesional y desacreditarla dentro del ámbito laboral.

El expediente se cerró sin escuchar testigos

Ese punto fue central en la apelación.

La mujer cuestionó que la denuncia hubiera sido rechazada sin producir las pruebas que había ofrecido, sin convocar a testigos y sin escuchar a las partes.

En su planteo sostuvo que había recurrido a la Justicia justamente porque pretendía frenar una situación que describió como cotidiana y que, según aseguró, ya no encontraba respuesta dentro del ámbito institucional.

Además, remarcó que no se trataba de una relación entre personas ubicadas en un mismo nivel laboral, sino que existía una diferencia de poder derivada del cargo de dirección.

Para la Cámara, había que investigar antes de cerrar el caso

La mayoría de los camaristas consideró que el juzgado de primera instancia se había “apresurado” al descartar la presentación.

El tribunal entendió que, antes de concluir que todo respondía a una disputa administrativa, correspondía permitir el avance del procedimiento, recibir la prueba propuesta y garantizar también que el director pudiera ejercer su defensa.

Por ese motivo, la resolución anterior fue revocada y el expediente deberá regresar al juzgado de origen.

La decisión de la Cámara no confirma que haya existido violencia ni atribuye responsabilidad al director. Lo que establece es que la denuncia no podía quedar cerrada sin una investigación previa que permitiera analizar los hechos relatados.

Ahora, el caso tendrá que seguir su curso y la Justicia deberá reunir elementos para determinar qué ocurrió dentro del instituto.