Deportarán a uno de los ciudadanos chilenos detenidos por intento de robo

Este martes, la justicia dispuso el cese de la prisión preventiva de un hombre de nacionalidad chilena con el fin de hacer efectiva su deportación inmediata hacia su país de origen. Claudio Valdivia Erazo, de 29 años   será expulsado del país a través del paso Cardenal Samoré, luego de que la Policía lo arrestó intentando robar en una vivienda del barrio Quimey Ruca.

El sujeto había sido detenido el pasado 7 de julio tras un intento de robo en una vivienda local, contexto en el cual la Dirección Nacional de Migraciones detectó que había ingresado al territorio argentino de forma ilegal.

El hecho delictivo ocurrió en horas de la tarde, entre las 17 y las 17:35, cuando el acusado, junto a otras tres personas, ingresó a una propiedad tras saltar un portón y romper el vidrio de una ventana de la cocina. Según la acusación del fiscal Gerardo Miranda, el grupo sustrajo una mochila que contenía una consola PlayStation 4 y otros elementos de valor. La secuencia fue advertida por un vecino que alertó al sistema de emergencias 911, lo que provocó la huida de los sospechosos. Aunque dos de los involucrados lograron escapar hacia una zona boscosa, la policía capturó a dos hombres en las inmediaciones y recuperó la mochila que había sido descartada durante la persecución.

Tras la detención, la fiscalía imputó al hombre por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. Al confirmarse su situación migratoria irregular y su domicilio en Santiago de Chile, las autoridades judiciales y migratorias resolvieron su expulsión bajo el marco de la Ley Nacional de Migraciones 25.871. En una audiencia donde el defensor oficial Manuel Segundo Mansilla no presentó objeciones, el juez Ricardo Calcagno aprobó la solicitud de interrumpir la prisión preventiva para que el imputado fuera entregado al personal de Migraciones y trasladado hacia la frontera.

A pesar de la deportación, el proceso penal en la provincia de Río Negro continuará su curso. Por este motivo, la resolución judicial obliga al ciudadano chileno a fijar un domicilio legal y un número de contacto para quedar a disposición de las autoridades provinciales cada vez que sea requerido, mientras rige la prohibición de ingreso al país por un plazo de ocho años.