Condenan a una administradora de plan de ahorro por falta de transparencia en los aumentos

En un fallo que sienta un importante precedente para los usuarios de planes de ahorro, la justicia rionegrina ratificó la responsabilidad de Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados por incumplir con el deber de información hacia un cliente. El caso fue iniciado por un hombre que, tras suscribirse en 2016 a un plan para adquirir una camioneta Volkswagen Saveiro, comenzó a notar aumentos significativos en sus cuotas mensuales sin recibir nunca una explicación técnica o legal suficiente sobre cómo se determinaba el valor del vehículo que servía de base para tales incrementos.

La sentencia de la Cámara Civil de Viedma fue contundente al señalar que la obligación de informar en las relaciones de consumo es un "imperativo en sí mismo" que exige suministrar datos de manera veraz, detallada, clara y oportuna. Los magistrados sostuvieron que esta responsabilidad no se agota con la simple remisión de los cupones de pago, especialmente cuando estos reflejan subas sustanciales.

Según el fallo, la administradora se encontraba en mejores condiciones de acreditar la conformación del precio y las variables que incidían en el denominado "valor móvil", algo que no logró demostrar durante el proceso judicial.

Uno de los puntos más críticos revelados durante el litigio fue la disparidad entre los precios del plan y los valores de mercado. A través de una pericia contable, se determinó que, mientras el fabricante implementaba bonificaciones comerciales para la venta de unidades cero kilómetro, estas no se trasladaban al cálculo de las cuotas del plan de ahorro. Como consecuencia, en ciertos periodos, el valor utilizado para cobrarle al suscriptor resultó ser un 39,32 por ciento superior al precio real de mercado.

Finalmente, tras completar las 84 cuotas del contrato, la justicia ordenó a la empresa restituir las sumas abonadas en exceso de acuerdo con lo establecido en la pericia contable realizada en la causa.

Además de la devolución del dinero, la firma deberá afrontar una indemnización por daño punitivo equivalente a diez canastas básicas, como sanción por no haber brindado un trato transparente ni haber informado sobre las alternativas legales para aliviar el impacto de las subas durante la ejecución del plan. (ANB)