Una médica evitará el juicio y deberá cumplir pautas de conducta por la muerte de una niña

Una médica pediatra imputada por la muerte de una niña de seis años en el hospital Hospital Artémides Zatti de Viedma deberá cumplir distintas pautas de conducta durante dos años, luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido de suspensión de juicio a prueba en el marco de una causa por homicidio culposo.

La resolución fue notificada este lunes (18/05) y se vincula con una investigación iniciada tras el fallecimiento de una niña ocurrido en junio de 2023. Según la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la querella privada, la profesional habría actuado con impericia al otorgar un alta médica prematura sin profundizar el diagnóstico ni indicar el tratamiento adecuado.

De acuerdo a la imputación, el 12 de junio de 2023 la niña de seis años fue atendida en el hospital y presentaba “pautas de alarma” que no habrían sido correctamente evaluadas. La acusación sostiene que la médica omitió internarla y no indicó antibióticos, situación que habría derivado horas más tarde en el fallecimiento de la menor.

La audiencia se desarrolló el pasado 12 de mayo y contó con la participación de la profesional de manera virtual desde Tierra del Fuego, provincia donde reside actualmente. Allí, el abogado querellante, junto a los padres de la niña, solicitó la suspensión de juicio a prueba al considerar que el delito imputado —homicidio culposo— prevé una pena de ejecución condicional y que la acusada no registra antecedentes penales.

Entre las condiciones fijadas por la Justicia, la médica deberá establecer domicilio y someterse a supervisión del Patronato de Presos y Liberados una vez por mes durante dos años. Además, tendrá que acreditar un curso de medicina familiar de al menos un año de duración y cumplir 200 horas de trabajo comunitario.

También se dispuso el pago de una indemnización económica a los padres de la víctima, que será afrontada entre la aseguradora de la profesional y la propia imputada, bajo una modalidad de pago acordada entre las partes.

Durante la audiencia, la Fiscalía acompañó el planteo de la querella y sostuvo que las medidas impuestas buscan no solo una respuesta judicial al caso sino también fortalecer la capacitación profesional de la acusada. Según se explicó, se trabajó con especialistas para definir el tipo de formación que deberá realizar.

Finalmente, el juez interviniente entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para conceder la suspensión de juicio a prueba y resolvió imponer las pautas de conducta por el plazo de dos años. (ANB)