Alertan que un proyecto de ley podría habilitar desalojos de más de 5600 personas en Bariloche

La iniciativa, denominada de “inviolabilidad de la propiedad privada”, propone modificar un conjunto de normas clave, entre ellas la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y, especialmente, la Ley de Barrios Populares, sancionada en 2018.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la eliminación del artículo que permite la expropiación de los terrenos donde se asientan barrios populares, herramienta fundamental para avanzar en la regularización dominial. Sin esa posibilidad, miles de familias podrían quedar expuestas a procesos de desalojo.

En todo el país existen 6467 barrios populares registrados, de los cuales 38 están en Bariloche. En ese contexto, distintos sectores advierten que la modificación del marco legal podría afectar de manera directa a miles de personas que actualmente habitan estos espacios.

Desde su implementación, la ley permitió otorgar 868.991 Certificados de Vivienda Familiar, un instrumento clave para que las familias accedan a servicios básicos como electricidad, agua potable y gas.

Además, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana —recientemente degradada a dirección— se llevaron adelante obras en todo el país mediante convenios con 130 municipios, 18 provincias y más de 160 organizaciones.

El proyecto se encuentra actualmente en tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, y podría obtener dictamen la próxima semana, paso previo a su discusión en el recinto.

En este contexto, desde el espacio político Patria Grande —referenciado a nivel nacional por Juan Grabois y con presencia local a través de la diputada Adriana Serquis— expresaron su rechazo a la iniciativa.

“Exigimos a los diputados y senadores rionegrinos que rechacen este proyecto de ley, que busca destruir una de las políticas de Estado más importantes de los últimos años”, señaló Alejandro Palmas, referente del espacio en Bariloche.

Mientras avanza el debate legislativo, crece la preocupación por el impacto que podría tener la medida en el acceso a la tierra y la vivienda, especialmente en ciudades como Bariloche, donde la problemática habitacional es crítica. (ANB)