Disposición
Ordenan embargar más de $31 millones a la diputada Lorena Villaverde
La Justicia rionegrina ordenó el embargo de más de 31 millones de pesos a la diputada nacional Lorena Villaverde en el marco de una causa civil vinculada a la venta de terrenos en la costa atlántica provincial.
La medida fue dictada por un juzgado civil de San Antonio Oeste y establece un embargo por 31.549.088,95 pesos sobre cuentas bancarias, créditos, títulos y otros activos financieros de la legisladora.
La demanda fue presentada por un comprador que asegura haber adquirido un lote en el desarrollo inmobiliario Tajamar, pero sostiene que las obras comprometidas no se realizaron y que tampoco se concretó la escrituración del terreno.
Según consta en la resolución judicial, el objetivo de la medida cautelar es garantizar la eventual ejecución de una sentencia en caso de que prospere el reclamo del demandante.
No obstante, la resolución establece una limitación: el embargo no alcanza los haberes que Villaverde percibe como diputada nacional, ya que la jueza dispuso excluir expresamente su sueldo del alcance de la medida.
Antecedente en Bariloche
Este nuevo embargo se suma a otra causa judicial previa tramitada en San Carlos de Bariloche, donde la Justicia había ordenado embargar la dieta y el medio aguinaldo de la diputada hasta cubrir una suma cercana a 40 millones de pesos.
Ese expediente también está relacionado con un conflicto por la venta de terrenos en la provincia, lo que derivó en una demanda civil por daños y perjuicios presentada por un comprador.
Repercusiones políticas
En paralelo a las causas judiciales, en las últimas horas también comenzaron a circular planteos en el ámbito legislativo para impulsar un pedido de expulsión de la diputada del Congreso.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, la eventual expulsión de un legislador debe ser resuelta por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el voto de dos tercios de los diputados presentes.
Por el momento, se trata de un planteo político que aún no avanzó formalmente en el recinto, pero que surge en medio de las denuncias y procesos judiciales vinculados a operaciones inmobiliarias que involucran a la legisladora. (ANB)
