El Gobierno de Milei puso en manos privadas la venta del patrimonio estatal

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dio un paso más en la privatización de sus procesos al reglamentar el Decreto 195/25 mediante la Resolución 3/26, que abre la puerta a que firmas privadas organicen y gestionen la venta de propiedades y bienes muebles estatales, incluyendo aquellos decomisados, en desuso o declarados rezago.

La medida, presentada por el oficialismo bajo el argumento de la modernización y la transparencia, implica que la AABE deberá llamar a licitación pública para seleccionar a las empresas que actuarán como intermediarias en las subastas electrónicas. Sin embargo, el esquema habilita expresamente a que estas compañías cobren comisiones por su servicio, lo que en la práctica significa que una porción de los fondos obtenidos por la venta de bienes públicos no regresará al Estado sino a manos privadas.

El gobierno sostiene que la incorporación de plataformas tecnológicas, tanto públicas como privadas, permitirá ampliar la cantidad de oferentes, optimizar los tiempos y agilizar los procesos de enajenación que antes requerían remates presenciales. El precio base de cada bien, según la normativa, quedará fijado por el área administrativa de la jurisdicción propietaria, con referencia a indicadores de mercado.

Lo que el oficialismo llama eficiencia, sus críticos podrían leerlo como una cesión de funciones del Estado a operadores privados en un área tan sensible como la administración del patrimonio público. (ANB)