Rio Negro registra más de 1400 deudores alimentarios

Una nueva actualización del Registro de Deudores Alimentarios (Redam) de Río Negro acaba de ser publicada en el Boletín Oficial, incorporando a 1.462 personas que no cumplen con sus obligaciones de cuotas alimentarias en distintos puntos de la provincia. El registro, administrado por el Registro Civil y Capacidad de las Personas, mostró además solo dos bajas de ciudadanos que regularizaron su situación.

El Redam incluye a todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. La información surge de los juzgados de Familia de toda la provincia, que periódicamente remiten los datos al Registro Civil, quien luego los suministra a la Dirección del Boletín Oficial para su publicación.

Estar comprendido en este listado implica serias limitaciones para el ciudadano o ciudadana. Según establece la Ley Nº 3.475, los incluidos no pueden contratar con el Estado ni acceder a cargos públicos mientras no regularicen su situación. Además, el artículo 7º de la norma especifica que tampoco podrán obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos. Varios municipios rionegrinos han sancionado ordenanzas adicionales que amplían estas restricciones.

La ley impulsa la emisión de certificados ante requerimientos de persona física o jurídica, pública o privada, con interés legítimo, en forma gratuita. Cuando la publicación no logra que los deudores regularicen su situación, los alimentantes suelen recurrir a la justicia para conseguir los aportes adeudados.

Paralelamente, desde 2021 la provincia tiene reglamentada la Ley Nº 4.456, que creó el Registro Provincial de Obstructores de Vínculo con los Hijos. Esta norma, reglamentada por el Decreto 737 de ese año, sanciona a quienes impiden el contacto de los hijos con sus padres no convivientes o familia extendida tras una orden judicial, imponiendo restricciones similares a las de los deudores alimentarios, como la prohibición de contratar con el Estado.

El objetivo de este registro es proteger el derecho de los niños a mantener contacto con ambos progenitores y su familia extensa. Los nombres de los infractores son publicados en el Boletín Oficial y en la web del Registro Civil por orden judicial. (ANB)